La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba dispuso el secreto de sumario por diez días en la causa que investiga el
femicidio de Agostina Vega y justificó la decisión en la necesidad de preservar nuevas medidas probatorias en curso, una resolución que se conoce en medio de los cuestionamientos a su forma de proceder durante las primeras horas de la desaparición de la adolescente por demorarse cuatro días en difundir la Alerta Sofía.
A través de un comunicado oficial, el organismo informó que la restricción comenzó a regir el 3 de junio y alcanza a las actuaciones vinculadas al expediente. Según indicaron, el objetivo es resguardar diligencias que todavía se encuentran en desarrollo y evitar que se comprometa el avance de la investigación.
La fiscalía también confirmó que solicitó la acumulación de una causa por presunta privación ilegítima de la libertad iniciada en 2025 contra Claudio Barrelier, detenido e imputado por el crimen de la joven. El pedido busca unificar antecedentes que podrían resultar relevantes para el expediente principal.
En paralelo, continúan los peritajes en la vivienda del acusado y en el lavadero donde fue limpiado el Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani, expareja del detenido, vehículo que, según una de las principales hipótesis, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente. En ese sentido, el abogado Carlos Nayi sostiene que la mujer debe ser investigada por un posible encubrimiento y sostuvo que no puede descartarse que conociera la situación que atravesaba el acusado al momento de facilitarle el vehículo.
Mientras tanto, la familia de Agostina volvió a reclamar justicia durante la movilización por el aniversario de Ni Una Menos en Córdoba. La marcha estuvo atravesada por el impacto del caso y reunió a familiares, organizaciones feministas y vecinos que acompañaron el pedido de esclarecimiento. Durante la jornada, Elizabeth Heredia, exigió al Gobierno asumir la responsabilidad así como que los medios dejen de hostigar a la mamá de la joven.
Los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades continúan presentes en distintos sectores. Organizaciones feministas vienen señalando presuntas falencias en la aplicación de los protocolos de búsqueda inmediata y exigen que se determinen eventuales responsabilidades, mientras la investigación permanece ahora bajo estricta reserva judicial.