03.06.2026 / COMPLICADO
Tras declarar ingresos por casi $5.000 millones, la Fundación Faro deberá informar quiénes aportaron los fondos
La Inspección General de Justicia le otorgó diez días hábiles para identificar a los donantes que realizaron aportes millonarios durante 2024. La entidad de Agustín Laje declaró ingresos cercanos a los $5.000 millones en su primer año completo bajo la actual conducción.
La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la Fundación Faro, el centro de estudios que tiene a Agustín Laje entre sus principales referentes, a presentar información detallada sobre el origen de los aportes recibidos durante 2024 luego de que la entidad declarara ingresos cercanos a los $5.000 millones en concepto de "donaciones, cursos, talleres y prevención", una cifra que llevó al organismo de control a exigir la identificación de los contribuyentes más relevantes.
El requerimiento fue notificado el 1 de junio y establece un plazo de diez días hábiles para responder. La IGJ solicitó un listado con los nombres de quienes realizaron donaciones que superaron los montos establecidos por la normativa vigente, junto con las fechas y valores de cada aporte.
La exigencia se apoya en la Resolución General 15/2024, que obliga a asociaciones civiles y fundaciones a presentar una declaración jurada sobre la licitud y procedencia de los fondos cuando reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos vitales y móviles en un período de treinta días. En diciembre de 2024, ese umbral equivalía a poco más de $11 millones.
Según la documentación presentada por la propia organización y difundida por el portal Chequeado, la fundación declaró ingresos por $4.957 millones durante 2024 y un patrimonio neto de $4.394 millones. Sin embargo, en los estados contables no se detalló quiénes fueron los aportantes ni el origen específico de esos recursos.
Los números reflejan además un crecimiento extraordinario de la entidad. Mientras que en 2023, cuando todavía funcionaba bajo el nombre de Fundación Valorar, había informado un patrimonio cercano a los $12 millones, un año después esa cifra se multiplicó más de 350 veces tras la reestructuración institucional y el desembarco de nuevas autoridades.
La IGJ advirtió que la falta de respuesta podría derivar en sanciones previstas por la ley que regula el organismo, que van desde apercibimientos hasta multas económicas. Paralelamente, también formuló observaciones sobre otra documentación contable presentada por la fundación y requirió la regularización de balances correspondientes a ejercicios posteriores.
El pedido se produce en medio de crecientes interrogantes sobre el financiamiento de organizaciones vinculadas al universo libertario. Hasta el cierre de las consultas realizadas por distintos medios, la Fundación Faro no había difundido públicamente quiénes fueron los responsables de los aportes que explican el fuerte incremento de sus ingresos y patrimonio durante el primer año completo de gestión de Javier Milei.
Tensiones internas
El requerimiento de la IGJ también despertó especulaciones dentro del oficialismo, donde algunos sectores vincularon la decisión con las crecientes tensiones entre el entorno de Karina Milei y el espacio alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo. La versión cobró fuerza porque el organismo que realizó el pedido depende del Ministerio de Justicia, una cartera bajo la órbita del oficialismo.
La Fundación Faro mantiene vínculos con dirigentes e intelectuales cercanos al caputismo. Por ese motivo, distintos medios interpretaron el pedido de información sobre los aportes millonarios como un episodio más de la disputa que atraviesa a La Libertad Avanza.
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