
El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país, con epicentro frente al Congreso Nacional, bajo las consignas "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y "Justicia por Dulce y Agostina", en referencia al femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega, de 14 años y de la joven misionera de 17 años Dulce Candia.
Según datos difundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país; desde la primera marcha de Ni Una Menos fueron contabilizados más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género. La movilización de este miércoles se replicará en distintas ciudades argentinas y volverá a poner en agenda las demandas vinculadas a la prevención de las violencias de género, el acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares. Un informe reveló que tres de cada cuatro víctimas menores de edad tenían menos de 15 años. El caso de Agostina Vera volvió a poner en debate las fallas estatales, la demora en las búsquedas y el impacto del recorte de políticas de prevención.
El asesinato de Chiara Páez, la adolescente de 14 años cuyo femicidio en 2015 impulsó el nacimiento del movimiento Ni Una Menos, marcó un antes y un después en la agenda pública argentina. Sin embargo, más de una década después, la violencia contra niñas y adolescentes continúa mostrando cifras alarmantes. Un informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven advirtió que, entre las víctimas menores de 17 años registradas en los últimos años, el 76% tenía menos de 15 años. La estadística cobra una dimensión aún más dramática tras el femicidio de Agostina Vera, que conmocionó al país durante la última semana y volvió a poner en discusión la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad.
Según el relevamiento, el 30% de las víctimas tenía entre 0 y 5 años; el 19% entre 6 y 10 años y el 27% entre 11 y 15 años. A diferencia de lo que suele ocurrir con mujeres adultas, donde los agresores son principalmente parejas o exparejas, en los casos de niñas y adolescentes más de un tercio de los femicidios fue cometido por integrantes del entorno familiar. El dato refleja que muchas de las violencias ocurren dentro de espacios que deberían garantizar protección y cuidado.
El informe también advierte que el abuso sexual previo aparece con mucha más frecuencia entre las víctimas menores de edad. Mientras que en los femicidios de mujeres adultas esa situación se registra en el 3% de los casos, entre niñas y adolescentes asciende al 19%. Además, el 22% de las víctimas había sido reportada como desaparecida antes de ser hallada sin vida. Para Raquel Vivanco, esa cifra pone de relieve oportunidades de intervención que no fueron aprovechadas. "Que más de dos de cada diez víctimas menores de 17 años hayan estado desaparecidas previamente evidencia que existieron instancias en las que una respuesta rápida y coordinada podría haber resultado decisiva para proteger sus vidas", señaló.
El caso de Agostina volvió a instalar ese debate. La activación de la Alerta Sofía ocurrió cuatro días después de su desaparición, pese a que el mecanismo fue diseñado precisamente para coordinar la búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes cuya vida puede encontrarse en riesgo. "La desaparición de niñas y adolescentes debe abordarse como una situación de máxima urgencia desde el primer momento", sostuvo Vivanco, quien reclamó una mayor articulación entre fuerzas de seguridad, justicia, organismos de niñez y áreas especializadas en violencia de género.
DESMANTELAMIENTO Y MOTOSIERRA
El informe también vincula este escenario con el retroceso de programas y herramientas estatales destinadas a prevenir y abordar las violencias por motivos de género. Entre ellas, destaca el rol de la Educación Sexual Integral como una herramienta clave para que niños, niñas y adolescentes puedan identificar situaciones de abuso, violencia o vulneración de derechos. "Cuando el agresor forma parte del círculo familiar o cercano, las posibilidades de pedir ayuda disminuyen considerablemente. Por eso la Educación Sexual Integral cumple un papel fundamental para reconocer situaciones de riesgo y saber a quién recurrir", explicó Vivanco.
En la misma línea, Patricia Sotile advirtió sobre las consecuencias que tuvo el desmantelamiento de distintas políticas públicas entre 2023 y 2025. Según un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la eliminación de programas específicos y la reducción de estructuras estatales dejaron a mujeres, niñas y adolescentes con menos herramientas institucionales para buscar asistencia. La organización también cuestionó la discontinuidad de sistemas de monitoreo y seguimiento de casos, así como la falta de implementación de un nuevo plan nacional para abordar la violencia de género. "Las posibilidades de intervención disminuyen cuando se reducen las políticas de prevención, acompañamiento y detección temprana", sostuvieron desde la entidad.
SEÑALES DE ALARMA
Los casos de Chiara Páez y de Luciana Moretti pusieron en evidencia otra problemática persistente: la violencia en las relaciones afectivas adolescentes. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica, durante 2025 casi la mitad de las denuncias recibidas estuvieron vinculadas a relaciones de pareja o expareja, y más de la mitad de esos casos involucraban a personas menores de 18 años. Especialistas advierten que estas violencias suelen manifestarse a través de conductas de control, celos extremos, aislamiento, manipulación emocional, agresiones psicológicas, violencia digital o física. De acuerdo con los registros oficiales, la violencia psicológica continúa siendo la forma más frecuente, presente en el 96% de los casos analizados.
Para Nancy Mugica, el fenómeno debe ser entendido como una problemática estructural. "La violencia en el noviazgo no puede abordarse únicamente como un conflicto individual. Requiere respuestas integrales e interdisciplinarias que permitan prevenir situaciones de riesgo antes de que escalen a consecuencias irreparables", sostuvo. Once años después de la primera movilización de Ni Una Menos, los datos muestran avances en la visibilización social del problema. Sin embargo, los femicidios de niñas y adolescentes siguen evidenciando que la prevención, la detección temprana y la protección efectiva continúan siendo desafíos pendientes.
MARCHA NI UNA MENOS
La convocatoria se realizará a las 17 y tendrá lugar a once años de la primera movilización que dio origen al movimiento feminista, surgido tras el femicidio de Chiara Páez en 2015. La protesta buscará visibilizar la persistencia de la violencia de género y reclamar respuestas estatales frente a los femicidios y las desapariciones de mujeres y niñas ya que en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas.
En la previa de la marcha, Ni Una Menos realizó una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana en Córdoba tras varios días de búsqueda. Desde la organización remarcaron que "no es un caso aislado". El crimen de la adolescente provocó una fuerte conmoción social y reactivó los reclamos contra la violencia machista a pocos días de una nueva edición del 3J. Organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y colectivos de derechos humanos ratificaron su participación en la jornada de protesta.