El Gobierno de
Javier Milei oficializó este lunes una batería de decretos que
activa buena parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso y redefine aspectos sensibles de las relaciones de trabajo al incorporar mayores mecanismos de control sobre los sindicatos, establecer nuevas pautas para los convenios colectivos y reglamentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar futuras indemnizaciones.
La principal modificación quedó plasmada en el Decreto 407/2026, que introduce
cambios en la negociación colectiva y fija criterios para determinar cuándo un convenio podrá considerarse vencido. En los casos en que no exista una fecha de finalización explícita, la autoridad laboral podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para habilitar nuevas discusiones paritarias.
La reglamentación también avanza sobre el funcionamiento de las
organizaciones gremiales. Entre otras disposiciones, habilita verificaciones sobre la cantidad de afiliados mediante cruces de datos con organismos públicos y exige que las estructuras directivas mantengan una proporción acorde al número de cotizantes. Asimismo, se incorporaron nuevas condiciones para el uso de las
horas sindicales. Ahora, los representantes deberán informar con al menos 48 horas de anticipación su utilización y compatibilizar esas tareas con el normal desarrollo de las actividades laborales, mientras que en las disputas por personerías gremiales se reforzarán los requisitos para acreditar representación efectiva.
En paralelo, el Ejecutivo reglamentó el
Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. El sistema funcionará a través de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión supervisados por la Comisión Nacional de Valores y comenzará a regir desde noviembre.
La reforma también incorpora cambios en la administración de las relaciones laborales. La registración de trabajadores quedará centralizada a través de los sistemas de ARCA, mientras que las
licencias médicas deberán tramitarse mediante certificados electrónicos emitidos por profesionales y plataformas habilitadas. Además, los recibos de sueldo incluirán un detalle del costo laboral total asumido por el empleador.
Por último, el Gobierno reglamentó beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado, con condonaciones de deudas previsionales que llegan hasta el 90% en algunos casos, y avanzó en cambios tributarios que eximen del Impuesto a las Ganancias a determinados ingresos provenientes de alquileres de viviendas, una medida que forma parte del paquete de reformas asociado a la modernización laboral.