28.05.2026 / CONGRESO NACIONAL
Buscan frenar la quita de subsidios al transporte para personas con discapacidad y crece la presión sobre el Gobierno
Diputados nacionales presentaron un proyecto para dejar sin efecto la resolución que eliminó las compensaciones a las empresas de micros por los pasajes gratuitos. Advierten que la medida pone en riesgo derechos básicos y vacía de contenido el acceso al transporte.
Tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, un grupo de diputados presentó en el Congreso un proyecto para intentar revertir la medida y exigir explicaciones al Poder Ejecutivo.La iniciativa fue impulsada por el legislador Diego Giuliano y apunta directamente contra la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada esta semana en el Boletín Oficial. La normativa dejó sin efecto el esquema mediante el cual el Estado reintegraba a las compañías los costos de los boletos otorgados a personas con discapacidad, pacientes oncológicos pediátricos y personas trasplantadas. El proyecto parlamentario plantea la nulidad de la resolución y sostiene que la decisión oficial podría implicar una vulneración de derechos constitucionales y convencionales vinculados al acceso a la salud, la movilidad y la inclusión social.
En paralelo, los legisladores presentaron un pedido de informes para que distintas áreas del Ejecutivo —entre ellas la Secretaría de Transporte, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)— expliquen cuáles fueron los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos detrás de la eliminación del régimen de compensaciones.
Según expresaron los autores del proyecto, el problema no radica únicamente en la continuidad formal del beneficio, sino en la posibilidad real de sostenerlo sin financiamiento estatal. “Mantener una obligación legal sin garantizar los mecanismos para hacerla efectiva termina vaciando el derecho de contenido”, advierte el texto presentado en Diputados.
La discusión se da en un contexto de fuerte tensión con las empresas de larga distancia, que denunciaron una deuda multimillonaria acumulada por parte del Estado nacional. Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) sostienen que las compañías continúan entregando más de un millón y medio de pasajes gratuitos por año por orden judicial, aunque desde fines de 2024 dejaron de recibir los pagos correspondientes.
El conflicto ya se encuentra judicializado y las empresas remarcan que no cuestionan el derecho de las personas con discapacidad a viajar gratuitamente, sino la decisión del Gobierno de trasladar completamente ese costo al sector privado después de haber desregulado el sistema de transporte. En los fundamentos del proyecto, los diputados remarcan que el acceso gratuito al transporte no constituye un privilegio, sino una herramienta indispensable para garantizar tratamientos médicos, rehabilitación, educación, trabajo y participación social de sectores especialmente protegidos.
También advierten que la medida representa un retroceso en materia de derechos sociales y cuestionan que el Gobierno avance con recortes sobre políticas vinculadas a poblaciones vulnerables en nombre del ajuste fiscal. Mientras el oficialismo sostiene que los beneficios continuarán vigentes, la discusión ya comenzó a trasladarse tanto al Congreso como a los tribunales. Y en el centro del debate aparece una pregunta cada vez más incómoda para el Gobierno: cómo garantizar derechos básicos cuando el propio Estado decide retirarse del financiamiento que los hacía posibles.
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