
La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo judicial con alto voltaje político. Dos imputados clave en la causa se negaron a declarar ante la Justicia en el marco de la segunda ronda de indagatorias ordenadas en el expediente que investiga contrataciones irregulares, sobreprecios y posible lavado de activos vinculados a compras de medicamentos e insumos médicos. Uno de ellos fue el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, apuntado por la fiscalía como una figura central en el circuito financiero que habría servido para mover fondos provenientes de las maniobras investigadas. Mastropietro se presentó ante la Justicia y optó por guardar silencio, al igual que Patricio Acosta, otro de los involucrados en el expediente.
El nombre de Mastropietro ya había quedado bajo la lupa meses atrás luego de protagonizar un episodio llamativo en Aeroparque, cuando evitó que las autoridades secuestraran su teléfono celular tras regresar de Estados Unidos. Según la investigación, el empresario logró salir del aeropuerto luego de una escala previa en Tucumán y más tarde aseguró que había perdido el dispositivo, el cual nunca apareció. La fiscalía, encabezada por Franco Picardi, sostiene que parte del dinero obtenido mediante contrataciones irregulares dentro de la ANDIS habría sido canalizado hacia empresas ajenas al rubro sanitario con el objetivo de blanquear fondos. Entre ellas aparece Baires Fly S.A., la firma de vuelos privados vinculada a Mastropietro.
Según el expediente, Miguel Ángel Calvete —considerado uno de los operadores centrales de la estructura investigada— habría realizado transferencias reiteradas a cuentas relacionadas con el empresario aeronáutico. A cambio, Baires Fly emitía facturas por supuestos servicios vinculados a “kilómetros de vuelo”, mecanismo que para los investigadores habría servido para darle apariencia legal a movimientos millonarios de dinero. La causa también investiga vínculos directos entre Mastropietro y el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. De acuerdo con registros incorporados al expediente, el empresario visitó en al menos dos oportunidades al exfuncionario en el barrio privado Campos de Alto Grande junto a otros imputados del caso.
En paralelo, los investigadores avanzan sobre una trama de contrataciones que habría favorecido a determinadas empresas proveedoras mediante licitaciones direccionadas y facturación con sobreprecios siderales. Informes oficiales incorporados al expediente detectaron diferencias de hasta un 4000% entre valores de referencia y montos efectivamente abonados por productos como prótesis, sillas de ruedas y equipamiento médico.
Entre las firmas bajo análisis aparecen Farma Salud, Bymax Medical, Expo Trauma y Ortopedia Bernat, entre otras. Justamente, Patricio Acosta —quien también se negó a declarar este martes— figura vinculado a Bymax Medical y es pareja de una exfuncionaria de la ANDIS procesada en la causa. El juez Ariel Lijo deberá resolver ahora la situación procesal de los imputados involucrados en esta segunda tanda de indagatorias. Mientras tanto, el expediente sigue creciendo y aún resta definir qué ocurrirá con otros empresarios mencionados desde el inicio de la investigación, entre ellos integrantes de la familia Kovalivker y directivos de la droguería Suizo Argentina.
Los Kovalivker ya habían quedado en el centro de la escena durante allanamientos realizados el año pasado, cuando la policía interceptó a uno de los empresarios saliendo de Nordelta con más de 266 mil dólares y siete millones de pesos en efectivo dentro de su vehículo. La causa también podría sumar nuevos elementos de prueba a partir de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se menciona a la droguería Suizo. Por decisión de la Cámara Federal, esas grabaciones serán sometidas a peritajes técnicos para verificar autenticidad y reconocimiento de voces, una medida que podría impactar de lleno en el futuro del expediente.