El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa días de máxima tensión política y judicial. Mientras avanza la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario prepara la presentación de su declaración jurada, aunque evita acelerar los tiempos por la presión pública ejercida por Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Según trascendió desde el entorno del ministro coordinador, la intención es hacer pública la documentación a comienzos de junio, antes del inicio del Mundial, pero sin ceder a las exigencias internas. “No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe”, deslizaron cerca del funcionario, en una definición que dejó al descubierto la profundidad de las diferencias dentro del oficialismo.
En Casa Rosada generó fuerte malestar el pedido de Bullrich para que Adorni adelantara la presentación y explicara públicamente su situación judicial. La reacción no solo alcanzó al presidente Javier Milei, sino especialmente a Karina Milei, quien mantiene una relación tirante con la senadora y le cuestiona su autonomía política. “A Patricia le hicieron la cruz. La querían matar”, admitió una fuente de la mesa política libertaria.
La crisis interna obligó incluso al mandatario a intervenir desde Estados Unidos para intentar ordenar la situación. En declaraciones televisivas, Milei sostuvo que Bullrich “spoileó” el movimiento que preparaba el Gobierno respecto de la declaración jurada del funcionario. Al mismo tiempo, Villarruel —cada vez más distanciada del núcleo duro libertario— también reclamó públicamente conocer los detalles patrimoniales del ex vocero presidencial.
Mientras el contador de Adorni trabaja sobre la documentación que buscará justificar la adquisición de propiedades y viajes al exterior, en el oficialismo intentan bajarle el tono al expediente judicial. Cerca del funcionario aseguran que la causa “se moverá unos meses más y después muere”, y descartan una eventual indagatoria. En paralelo, sostienen que el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo deberán avanzar con la recopilación de pruebas para determinar si existió alguna irregularidad.