El presidente Javier Milei dejó en evidencia el vacío que atraviesa el Gobierno con la demora de Manuel Adorni en la presentación de su declaración jurada patrimonial. Y es que este jueves se cumplen tres semanas de haber prometido que el funcionario la exhibiría “sin problemas” y en cuestión de días, una definición que con el correr del tiempo se fue diluyendo mientras en los tribunales federales avanzan expedientes sobre viajes de lujo, pagos en efectivo y movimientos de dinero difíciles de justificar.
La presión sobre el jefe de Gabinete creció incluso dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich presentó su propia declaración jurada antes del vencimiento y desafió públicamente a Adorni a hacer lo mismo con declaraciones sugerentes, al igual que lo hizo el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque con un tono más moderado.
En las últimas horas, trascendió que la presentación podría concretarse “en los próximos días”, en un intento por anticiparse a un escenario que ya circula en Comodoro Py: que el juez Ariel Lijo convoque a Adorni a una primera indagatoria durante la primera quincena de junio. El expediente más delicado apunta al crecimiento patrimonial del funcionario y al uso reiterado de dinero en efectivo para gastos millonarios.
TODO LO QUE SE DESCUBRIÓ SOBRE ADORNI Y SU MUJER
Patrimonio, efectivo y movimientos bajo sospecha:
La investigación judicial puso el foco sobre operaciones realizadas en
dólares y, especialmente, en
efectivo. Entre ellas aparecen los US$245.000 destinados a las refacciones de la casa del country Indio Cuá; otros US$30.000 usados para cancelar parte de una deuda vinculada a un departamento; y más pagos en efectivo relacionados con viajes y compras inmobiliarias. En Tribunales sostienen que Adorni deberá explicar no sólo el origen del dinero, sino también por qué gran parte de esos movimientos no pasó por el sistema bancario.
Uno de los capítulos más sensibles es el de la vivienda en
Indio Cuá. El arquitecto Matías Tabar, responsable de las remodelaciones, declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete abonó en efectivo unos US$245.000 por las obras realizadas entre 2024 y 2025. Según trascendió, no hubo facturación formal y el contratista entregó su teléfono para ser peritado luego de que se detectaran conversaciones borradas con el funcionario.
A eso se suma la compra del departamento de
Caballito, adquirido por US$230.000 mediante una hipoteca privada otorgada por las propias vendedoras, dos jubiladas. La fiscalía también investiga una deuda adicional de US$65.000 con el hijo de una de ellas por arreglos posteriores en la propiedad. Los investigadores consideran que la operatoria presenta inconsistencias con los ingresos declarados por Adorni.
Viajes, vuelos privados y hoteles de lujo:
Otra parte de la causa gira alrededor de los viajes realizados por Adorni y su familia. El expediente sobre el
vuelo privado a Punta del Este analiza si existió una dádiva encubierta a través de pagos realizados por empresas vinculadas al productor televisivo
Marcelo Grandío, quien mantiene contratos con el Estado. La Justicia ya ordenó levantar secretos bancarios y fiscales para reconstruir cómo se financiaron esos traslados.
También quedó bajo la lupa el
viaje a Nueva York durante la “Argentina Week”, cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en la comitiva oficial pese a que ella no ocupa ningún cargo público. El regreso se realizó en primera clase y los pasajes superaron los US$10.000.
La lista incluye además vacaciones en
Aruba, viajes a
Río de Janeiro e Iguazú y una estadía en el hotel
Llao Llao de Bariloche que, según trascendió, superó los $9 millones. Parte de la polémica se generó porque la reserva habría sido realizada por un empleado vinculado al grupo IRSA y porque el pago se concretó meses después mediante un depósito en efectivo.
Tarjetas, gastos mensuales y la estrategia de defensa:
En paralelo, una investigación periodística reveló que
Adorni y Angeletti acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de $176 millones desde diciembre de 2023. Sólo durante 2025 el promedio mensual rondó los $7 millones, una cifra que supera ampliamente el salario que percibía el entonces vocero presidencial y que ahora forma parte del análisis patrimonial que realizan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Lijo.
En Comodoro Py creen que la defensa del funcionario intentará justificar parte de esos fondos mediante una ampliación de la herencia de su padre fallecido en 2006 y a través de ingresos atribuidos a Angeletti, quien figura como monotributista. Sin embargo, en los tribunales federales sostienen que el volumen de gastos, propiedades, viajes y pagos en efectivo excede ampliamente cualquier explicación racional.