27.05.2026 / DISCAPACIDAD
Crece el conflicto por los pasajes gratuitos a personas con discapacidad: el reclamo de las empresas y la deuda del Gobierno
Las compañías de larga distancia aseguran que continúan otorgando boletos a personas con discapacidad y otros grupos protegidos por orden judicial, pese a que el Estado dejó de compensarlas desde fines de 2024.
Las empresas de transporte de larga distancia volvieron a encender las alarmas por la deuda que el Estado nacional mantiene con el sector a raíz de los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes oncológicos pediátricos y personas trasplantadas. Según denunciaron desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), el monto adeudado ya supera los $27.000 millones y continúa creciendo mes a mes.
El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno nacional eliminara el esquema de compensaciones económicas que históricamente recibían las compañías para cubrir esos traslados. A pesar de esa decisión, las empresas siguen obligadas a garantizar los boletos gratuitos por disposiciones judiciales y por la vigencia de las leyes que amparan esos derechos.
Desde la cámara empresaria señalaron que el último pago efectuado por el Estado fue en noviembre de 2024 y remarcaron que, desde entonces, las firmas continúan absorbiendo el costo de más de 1,5 millones de pasajes anuales sin ningún tipo de asistencia oficial. La disputa ya lleva más de un año en los tribunales y actualmente se encuentra en la órbita de la Justicia Federal.
La controversia se originó tras la publicación de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, mediante la cual el Ejecutivo derogó formalmente el régimen de compensaciones. La medida se dio en paralelo al proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei a través del Decreto 883/24, que dejó de considerar al transporte de larga distancia como servicio público. En ese marco, desde CELADI cuestionaron lo que consideran una contradicción del Ejecutivo: “El Estado desregula el sistema, pero mantiene obligaciones sociales que ahora recaen exclusivamente sobre privados”, sostuvieron desde el sector.
El avance judicial tuvo un nuevo capítulo el pasado 18 de mayo, cuando un juzgado federal reconoció el incumplimiento estatal y aprobó una primera liquidación parcial de deuda por $8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Sin embargo, desde las empresas aclararon que ese monto representa solo una parte del total reclamado, ya que todavía restan actualizar y computar períodos posteriores dentro del mismo expediente.
Las compañías insistieron en que no buscan restringir el acceso a los pasajes gratuitos ni cuestionar los derechos adquiridos por las personas alcanzadas por la normativa vigente. El reclamo, afirman, apunta exclusivamente a que el Estado vuelva a hacerse cargo de un esquema que históricamente fue financiado con fondos públicos y que hoy quedó virtualmente desmantelado en nombre del ajuste.
Mientras tanto, el Gobierno ratificó que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI y pacientes oncológicos pediátricos seguirán accediendo a boletos gratuitos en los servicios de larga distancia, aun después de la eliminación del fondo compensador.
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