El gobierno de Javier Milei volvió a avanzar con el ajuste sobre sectores vulnerables y eliminó el sistema de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer. La medida se oficializó mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y profundizó el conflicto con organizaciones del sector.
Desde el Gobierno justificaron la decisión en el nuevo esquema de “libertad tarifaria” habilitado por el Decreto 883/2024, que permite a las compañías fijar recorridos, horarios y precios sin intervención estatal. Según el texto oficial, esa flexibilización modificó la ecuación económica del sector y volvió “innecesaria” la continuidad del régimen compensatorio.
La resolución aclaró que el derecho a viajar gratis seguirá vigente y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá controlar que las empresas cumplan con la emisión de pasajes. Sin embargo, organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad advirtieron que la eliminación de subsidios podría derivar en mayores trabas para acceder a los boletos y en un deterioro del servicio.
La medida se conoció en medio de las denuncias contra el Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente. Mientras crece el reclamo por prestaciones y cobertura, la administración libertaria busca avanzar con una reforma que contempla nuevos recortes en áreas sensibles del sistema de asistencia.