La comunidad universitaria convocó para este martes a una nueva jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales con el objetivo de exigir que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario ya aprobada por el Congreso y visibilizar el impacto que, según denuncian desde las facultades, está provocando el recorte presupuestario sobre salarios, becas, investigación y funcionamiento académico.
La actividad se desarrollará entre las 11 y las 17 bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en una continuidad de las protestas que se intensificaron durante las últimas semanas tras la masiva movilización universitaria realizada en todo el país.
Desde distintos sectores académicos advierten que la falta de actualización presupuestaria está profundizando el deterioro de las condiciones laborales docentes y complicando el sostenimiento cotidiano de las universidades nacionales. También alertan por el impacto sobre proyectos de investigación y programas de asistencia estudiantil.
El conflicto mantiene además un frente judicial abierto. Luego de que el Poder Ejecutivo decidiera suspender la aplicación de la norma y apelara resoluciones adversas, el Consejo Interuniversitario Nacional elevó una presentación ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento efectivo de la ley sancionada por el Congreso.
A partir de las 15 participarán de la jornada la abogada laboralista y docente de la UBA Natalia Salvo, los diputados Lucía Cámpora e Itaí Hagman y el titular de FEDUBA, Pablo Perazzi. Desde la organización remarcaron que “reclamamos una respuesta urgente” frente a un escenario que, aseguran, “golpea salarios, becas, investigación y el funcionamiento de toda la comunidad universitaria”.
La nueva convocatoria buscará mantener visible un reclamo que atraviesa a estudiantes, docentes y autoridades académicas en medio de la disputa con el Gobierno por los recursos destinados a la educación superior. Mientras tanto, las universidades insisten en que la aplicación de la ley resulta clave para evitar un mayor deterioro del sistema público.