El Ministerio de Economía oficializó este viernes el inicio del proceso para desprenderse de la participación estatal en AySA al autorizar, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y firmada por Luis Caputo, el llamado a una licitación pública nacional e internacional destinada a seleccionar un operador estratégico que quedará a cargo de la compañía.
La medida
habilita la venta del 90% de las acciones actualmente en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo control de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El esquema ya había sido anticipado por el propio ministro en redes sociales durante las últimas horas.
Según el texto oficial, la privatización se desarrollará bajo una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple y sin precio base. Toda la documentación del proceso estará disponible en la plataforma CONTRAT.AR, donde además deberán presentarse las ofertas de los interesados.
El cronograma fijado por el Gobierno establece que las consultas sobre el pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto y que las propuestas económicas deberán presentarse antes del 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día, una hora más tarde, se realizará la apertura electrónica de sobres. En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo apunta a una “transformación de importancia refundacional” del sistema de agua potable y saneamiento.
El esquema diseñado por la administración libertaria prevé una primera etapa con la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico y una segunda instancia en la que el remanente podrá colocarse en bolsas y mercados locales. Además, se creó una comisión evaluadora especial integrada por funcionarios que analizarán las ofertas.
Entre los puntos que concentran mayor atención aparecen las futuras tarifas y las obligaciones de inversión que deberá asumir el nuevo concesionario. El proceso también incluye cambios regulatorios previos que ampliaron facultades para la futura operación privada y reactivaron el debate sobre el manejo del acceso al agua bajo criterios de rentabilidad empresarial.