Cuarta Marcha Universitaria: estudiantes, docentes y no docentes marchan por la ley que Milei ignora

Será la cuarta vez en poco más de dos años. Este martes 12 de mayo se llevará adelante la cuarta marcha federal en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Hay convocatorias en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires el acto central se desarrollará en Plaza de Mayo a las 17 horas. Las anteriores movilizaciones fueron el 23 de abril de 2024, el 2 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2025. En ninguno de esos casos el Gobierno nacional modificó su posición. 

Quiénes convocan

La movilización fue confirmada en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto a gremios docentes y no docentes, estudiantes y autoridades de distintas casas de estudio del país.

En representación del sector gremial participaron seis agrupaciones: la Federación de Docentes Universitarios, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Conadu y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, entre otras. También estuvo presente la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a los estudiantes a nivel nacional. 

Qué reclaman: la ley que no se aplica

El reclamo tiene un eje claro y un recorrido institucional que ya agotó casi todas las instancias disponibles. La Ley de Financiamiento Universitario establece una actualización por inflación del presupuesto de las universidades, de los salarios de docentes y no docentes, y de las becas estudiantiles.

Fue aprobada por el Congreso en octubre de 2025 con mayoría agravada, después de que el Poder Ejecutivo la vetara en su totalidad. El Parlamento rechazó ese veto. 

Sin embargo, la ley nunca fue aplicada. Luego de que el veto presidencial fuera revertido por el Congreso, en octubre el Poder Ejecutivo suspendió por decreto la aplicación de la norma. En diciembre, intentó derogarla por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no consiguió los votos suficientes. A fines de febrero, el oficialismo anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero modifica varios de sus puntos centrales con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal. La iniciativa es rechazada por las universidades y aún no avanzó en el Congreso. 

La brecha entre lo que la ley dispone y lo que el Gobierno ofrece es concreta: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. 

El frente judicial

Las universidades también fueron a la Justicia y obtuvieron fallos favorables. La vigencia de la ley fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras un primer fallo favorable en diciembre, el mes pasado la Justicia volvió a exigir al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de esa ley, que refieren a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender ambos artículos. 

Ese mismo jueves 7 de mayo se conoció que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno para llevar el conflicto a la Corte Suprema. Desde las universidades aclararon que el fallo no dice que la ley se cae ni revierte la medida cautelar vigente, sino que únicamente habilita la intervención de la máxima instancia judicial. 

Bartolacci describió el recorrido institucional previo a la marcha: gestiones ante las autoridades nacionales, presentaciones ante el Congreso en dos períodos legislativos consecutivos y acciones judiciales. "Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina", sostuvo el rector. 

Los números del deterioro

Los datos que presentan las propias universidades definen la magnitud del problema. Las transferencias de fondos a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, según denuncia el CIN. Los gremios docentes y no docentes advierten que la pérdida salarial ronda el 40% en estos dos años. 

De diciembre de 2023 a marzo de 2026, la inflación subió un 293%, mientras que en el mismo período los salarios universitarios aumentaron solo un 160%. La consecuencia es concreta: solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, desde diciembre de 2023 hasta hoy, se perdieron 438 cargos docentes, trabajadores que decidieron renunciar en función de la baja salarial. 

El impacto se extiende también a los hospitales universitarios. Una directiva del Hospital de Clínicas advirtió que si la situación no se resuelve en seis semanas, la parálisis será total: "Si dentro de un mes y medio no vamos a contar con todos los recursos necesarios, lo que va a empezar a pasar es que ya en algunos hospitales se redujo la cantidad de cirugías. En el nuestro, que trata pacientes con cáncer, no le podemos decir a un paciente que no lo vamos a atender". 

El contexto político

En el inicio de la semana de paro nacional universitario, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello intimó a los rectores de las universidades nacionales a que informaran las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA, su secretaria general Laura Carboni, respondió: "No tienen cara; el gobierno lleva 189 días de incumplimiento de una ley votada en cinco oportunidades en el Congreso y ratificada dos veces en la justicia". 

La secretaria general de la Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que los salarios son los más bajos en 40 años y planteó que existe un ensañamiento especial del Gobierno con las universidades. La movilización del martes será la respuesta de calles a una disputa que ya recorrió el Congreso, la Justicia y la negociación directa, sin resultado hasta ahora.

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