Este miércoles, el juez federal Ariel Lijo ordenó a la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa mientras que, en paralelo, profundiza las indagaciones sobre su patrimonio con nuevas medidas que apuntan a reconstruir movimientos financieros, bienes y posibles vínculos bajo sospecha.
El requerimiento se concentra en un lote ubicado en el country Indio Cua Golf Club, sobre el que la fiscalía busca información detallada vinculada al Impuesto Inmobiliario para avanzar en el análisis de la evolución patrimonial del funcionario.
En ese marco, se solicitó el detalle de todos los pagos realizados desde enero de 2022 hasta la actualidad, incluyendo fechas, montos y medios de cancelación, así como también la valuación fiscal del inmueble y la existencia de deudas o planes de regularización.
La medida se inscribe en una causa delegada bajo el artículo 196 del Código Procesal Penal,
lo que habilita al Ministerio Público a impulsar directamente la recolección de pruebas y ampliar el alcance de la investigación.
Una de las medidas más relevantes, dispuesta por Lijo en las últimas horas, refiere a la revisación de
las comunicaciones del productor y periodista Marcelo Grandio, cercano a Adorni. La medida incluye el análisis de su teléfono y contactos, tanto con el jefe de Gabinete como con otros actores vinculados a su productora.
Según fuentes judiciales, el objetivo es indagar posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, en especial a partir de contratos firmados con la Televisión Pública, que depende de la órbita de la Jefatura de Gabinete.
A su vez, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración a Leandro Miano, empresario inmobiliario que participó en la compra de un departamento en Caballito por parte de Adorni, operación que también es objeto de análisis en el expediente.
En esa línea, otros testimonios ya incorporados a la causa dieron cuenta de pagos adicionales por fuera de la escritura y de refacciones en una propiedad del country que habrían sido abonadas en efectivo, lo que refuerza el foco judicial sobre los movimientos patrimoniales del funcionario.