03.05.2026 / Causa Cuadernos - Cristina Kirchner
Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner
Empresarios que mintieron bajo coacción, funcionarios amenazados en la calle y arrepentidos que hoy se retractan: el juicio oral por los cuadernos se convirtió en el escenario de lo que podría ser el mayor escándalo de lawfare de la historia judicial argentina. El tribunal respondió clausurando las cámaras.
El juicio oral por la causa "Cuadernos" se está devorando a sí mismo. Lo que el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio construyeron en 2018 como el gran caso de corrupción kirchnerista está siendo desmantelado, pieza por pieza, por los mismos empresarios y exfuncionarios que alguna vez firmaron acuerdos de colaboración. En las últimas semanas, 27 imputados tomaron la palabra ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) para contar una historia muy diferente a la oficial: la de un sistema de presiones, amenazas y detenciones selectivas destinado a forzar testimonios que apuntaran contra Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido.
La respuesta del tribunal no tardó en llegar: a partir del martes próximo, las audiencias dejarán de transmitirse por YouTube. La decisión de cerrar el acceso público generó un rechazo transversal. Las defensas de los acusados, encabezadas por la del exsubsecretario Roberto Baratta —a cargo de Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta— rechazaron la medida de inmediato, y a ellas se sumó incluso la fiscal Fabiana León. "Debe ser la primera vez que coincidimos en algo", bromeaban los abogados, según consignó Página 12 en un artículo.
Ahora los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero tienen hasta esta semana para definir si mantienen el cierre o retroceden. El timing no es casual: el apagón llegó justo cuando las audiencias empezaban a mostrar, con nombres y apellidos, cómo se armó la causa.
Los que mintieron para no perder la libertad
"Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían", dijo Mario Rovella, dueño de Rovella-Carranza
La mayor sorpresa llegó de boca de los propios empresarios que en 2018 habían asumido el rol de imputados colaboradores. Rovella, dueño de una de las constructoras más grandes del país, admitió que firmó un acuerdo de arrepentimiento bajo coacción. Y fue más lejos: el día previo a su declaración ante Bonadio, concurrió a una escribanía y dejó asentado por escrito que iba a mentir para preservar la libertad.
El procedimiento se repitió con otros. Oscar Sansiseña, dueño de Cleanosol Argentina, y su director Guillermo Escolar hicieron lo mismo: dejaron constancia notarial de que sus declaraciones serían falsas. Daniel Pitón, de José Eleuterio Pitón S.A., también armó un relato para evitar la detención: "A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie". Rodolfo Perales, de Perales Aguiar S.A., fue lacónico: "Lo que dije de entregar dinero a Clarens, no fue. La declaración que hice fue por miedo de quedar detenido si no lo hacía".
El defensor de Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción -cuyo relato como arrepentido derivó en otras detenciones- lo sintetizó con brutalidad: "Wagner hubiera confesado que integraba la banda del Gordo Valor, Wagner hubiera confesado que hizo el túnel para robar el Banco Río en Acassuso. El tema era gozar de la libertad".
Las amenazas de Stornelli y Bonadio
Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, relató que dentro del juzgado le decían que su familia lo esperaba en el pasillo y que si colaboraba podía irse con ellos en libertad. Cuando preguntó de qué debía arrepentirse, la respuesta fue "de haber colaborado con estos mugrientos", mientras señalaban a la Casa Rosada. Se negó. Estuvo más de un año detenido.
"Cuando pregunto '¿arrepentirme de qué?' la respuesta fue: 'de haber colaborado con estos mugrientos'", dijo, mientras señalaban a la Casa Rosada. No aceptó. Quedó más de un año preso.
El exasesor legal de Planificación Rafael Llorens declaró que Stornelli "intentó hacer confesar cosas que no quería confesar ni que pensaba confesar y que tampoco habían pasado". Pasó ocho meses en prisión. Durante ese período, a un amigo que fue a visitarlo le robaron la camioneta en la puerta del penal; esa misma tarde, a su esposa la interceptaron en Banfield y le sustrajeron únicamente el celular.
Roberto Baratta reveló que, cuando estaban por detenerlo en la causa GNL, lo pararon en la calle. Le dijeron que la única forma de evitar la detención "era que involucre a Julio De Vido y a Cristina Kirchner". Cuando finalmente fue arrestado, el propio Stornelli le transmitió el mismo mensaje a su esposa. Oscar Thomas, exdirector de Yacyretá, recordó que su abogado José Manuel Ubeira le reprodujo lo que decía Stornelli: "Había sortijas para pocos". Thomas decidió afrontar la detención.
El abogado de Aldo Roggio, Jorge Valerga Aráoz (hijo), relató que cuando Bonadio quería que su cliente confesara haber pagado retornos a cambio de subsidios para Metrovías, el empresario respondió dos veces que no había pagado nada. La reacción del juez fue una advertencia velada: "¿Por qué no lo piensa?", seguida de una frase que no dejaba lugar a dudas: "El que avisa no traiciona".
Un arrepentido que cambió de víctima
Cristóbal López y Fabián de Sousa, del Grupo Indalo, revelaron el mecanismo por el que fueron incorporados al expediente. El financista Ernesto Clarens, tras seis declaraciones y ante la amenaza de quedar detenido, modificó su relato original: donde antes había involucrado al Grupo Petersen (PTC, de la familia Eskenazi), de repente "se confundió" una sigla y señaló a CPC, la constructora de Indalo. López y De Sousa aseguran no conocer a Clarens. El dato que agregan: Bonadio era amigo de Sebastián Eskenazi.
Los exfuncionarios: "Nunca vi a Cristina como jefa de nada"
El exsecretario de Obras Públicas José López fue categórico durante su indagatoria: "Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita, tampoco lo vi en ese sentido a Julio de Vido".
La declaración de Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, exhibió la mecánica del armado: fue implicado sobre la base de lo que dijo el empresario Gabriel Romero, quien confesó haber declarado para evitar la cárcel que "había visto en los medios que Roggio manifestó que su empresa debía pagar a los funcionarios del gobierno anterior un 5% de los subsidios que cobraba". Schiavi se negó a responder preguntas mientras sus abogados no puedan interrogar a Romero.
El silencio de los que construyeron la causa
Mientras los imputados hablaban y denunciaban, los protagonistas centrales del expediente optaron por el silencio. Oscar Centeno, el chofer cuyos cuadernos dieron origen a la causa, y Ernesto Clarens, el financista cuyas listas determinaron la acusación contra empresarios y funcionarios, se negaron a declarar en el juicio oral. Lo mismo hicieron Angelo Calcaterra y su colaborador Javier Sánchez Caballero (IECSA), Aldo Roggio, Marcela Sztenberg, Miguel Aznar, Gerardo Cartellone, Gabriel Romero, Gabriel Losi y Patricio Gerbi, entre otros arrepentidos que habían acusado a terceros a cambio de beneficios procesales.
El problema jurídico es severo: si los arrepentidos no declaran, ningún defensor puede contrainterrogarlos. El abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, junto a Gabriel Palmeiro, advirtió que existe "imposibilidad de contrainterrogar" y que eso "vulnera el derecho a defensa".
El defensor del exfuncionario de Vialidad Sandro Férgola sostuvo que el silencio impide "otorgarle cualquier tipo de valoración" a esos relatos como prueba, y que los acuerdos de colaboración "se tornarían estériles".
Las medidas pedidas por Beraldi
El martes pasado, Carlos Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner, presentó ante el TOF7 una recopilación de los casi 30 relatos de aprietes e irregularidades escuchados en el juicio. Con ese material solicitó, con adhesión de otras defensas, una batería de medidas: que declaren los agentes del Servicio Penitenciario, la Policía Federal y la Gendarmería que participaron en traslados humillantes; que testifiquen los escribanos que protocolizaron las denuncias de coacción; que se investiguen los contactos entre el Grupo Petersen y Bonadio; y que la DAJuDeCO informe los vínculos entre Eskenazi y el fallecido juez. Los jueces rechazaron los planteos y prometieron considerarlos al final del juicio, que podría extenderse por uno o dos años más.
Mientras tanto, el tribunal decidió correr el telón. Las audiencias donde empresarios confiesan haber mentido y exfuncionarios relatan amenazas callejeras ya no serán transmitidas al público. La causa que se construyó bajo los focos del escándalo mediático intentará ahora resolverse en la oscuridad.
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