El presidente
Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reducir el alcance del
régimen de zona fría y avanzar en una nueva segmentación de subsidios energéticos bajo criterios de “uso eficiente de los recursos públicos”, en una iniciativa que lleva además las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La propuesta llega menos de 24 horas después de que el propio Gobierno dispusiera un refuerzo transitorio de subsidios al gas para mayo, con el objetivo de amortiguar el impacto en las tarifas en un contexto internacional marcado por la suba de precios energéticos. Además, se la impulsa en medio del escándalo por el patrimonio millonario del jefe de Gabinete.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la revisión de la ampliación del régimen de zona fría sancionada en 2021, que incorporó a nuevas provincias y municipios al esquema de tarifas diferenciales. Desde el oficialismo sostienen que esa extensión incrementó el costo fiscal y desvirtuó el carácter focalizado del beneficio.
En ese sentido,
el texto propone volver a un esquema más acotado en términos geográficos, manteniendo el subsidio del 50% para las regiones históricamente incluidas, Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que el resto de las zonas incorporadas quedarán sujetas a criterios socioeconómicos.
Para esos casos, el acceso al beneficio estará determinado por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla a los hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales y a aquellos que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar o pensiones vinculadas a excombatientes.
Además, la iniciativa establece que los subsidios se aplicarán exclusivamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema, dejando afuera otros componentes de la tarifa como los costos de distribución.
El proyecto también incluye la prórroga hasta 2045 de beneficios impositivos para energías renovables y, en paralelo, la derogación de distintos regímenes de promoción de hidrocarburos, entre ellos decretos y artículos de leyes vigentes vinculadas a incentivos para la producción.
Según se aclara en los fundamentos, se mantendrán los derechos adquiridos por proyectos ya aprobados, mientras el Gobierno busca avanzar hacia un esquema con menor peso de subsidios generalizados y mayor segmentación en función de ingresos y ubicación geográfica.