Una investigación difundida por el programa “Telenueve Denuncia” encendió alarmas en el Gobierno de Javier Milei al revelar que una licitación en Cancillería habría sido diseñada para beneficiar a la empresa de María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger. El contrato, por más de $114 millones, estaba destinado a la capacitación en inglés del personal diplomático.
Según la documentación, un intercambio de correos electrónicos internos demostraría que el proceso ya estaba encaminado antes de su publicación oficial. En uno de los mensajes, el funcionario Mariano Méndez instruyó a una subordinada a avanzar “conforme la que preparamos al inicio del año”, lo que sugiere que los pliegos estaban definidos con antelación.
La adjudicación se concretó mediante un mecanismo de “Adjudicación Simple por Especialidad”, en el que finalmente se presentó una única oferta: la de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por Rouillet. Este punto refuerza la hipótesis de direccionamiento, ya que las condiciones habrían limitado la competencia.
El caso activó los mecanismos de control previstos por el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación. Sin embargo, la revelación de estos correos agrega presión política y reabre el debate sobre conflictos de intereses en la gestión pública.
Mientras el oficialismo evita pronunciamientos de fondo, el episodio golpea el discurso de transparencia que el Gobierno buscó instalar y suma un nuevo foco de tensión en torno a uno de sus funcionarios clave en el proceso de desregulación del Estado.