El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al sostener que no existen elementos que justifiquen una medida de esa gravedad en esta etapa de la investigación. La decisión marca un límite a la ofensiva judicial impulsada desde sectores opositores.
En su dictamen, Pollicita consideró que no se verifican los “extremos necesarios” para ordenar un arresto, como riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aplicar restricciones alternativas, como impedir el contacto del funcionario con determinados testigos, en caso de que la investigación avance en ese sentido.
La solicitud de Pagano se apoyaba en la llamada doctrina Irurzun, que habilita la prisión preventiva para funcionarios bajo el argumento de una posible influencia residual en estructuras del Estado. La legisladora argumentó que Adorni tendría “capacidad estructural” para interferir en la causa, especialmente tras la declaración del contratista Matías Tabar.
En paralelo, la Justicia ordenó peritar el celular de Tabar para verificar los supuestos mensajes y contactos con Adorni y su entorno, en una medida clave para determinar la veracidad de las denuncias por presuntas presiones. Este paso busca consolidar evidencia en una causa que, por ahora, se sostiene más en testimonios que en pruebas concluyentes.
Con nuevas indagatorias previstas en los próximos días, el expediente continúa en desarrollo y mantiene abierto el frente judicial para el Gobierno de Javier Milei, en un contexto político donde las disputas institucionales también se trasladan al terreno de la Justicia.