
El nombre de Manuel Adorni volvió a instalarse en el centro de la escena, esta vez por una investigación judicial que busca determinar si su nivel de gastos guarda relación con sus ingresos formales. El funcionario, que sostiene percibir un sueldo cercano a los tres millones de pesos mensuales sin actualizaciones, habría realizado consumos por cifras que superan ampliamente esa capacidad declarada.
De acuerdo con los datos relevados, entre 2024 y 2026 el actual vocero acumuló erogaciones en moneda extranjera por unos 800 mil dólares. Traducido a valores promedio del período, esto equivale a cerca de 960 millones de pesos. La comparación resulta inevitable: con un ingreso anual estimado en 36 millones de pesos, alcanzar ese nivel de gasto demandaría más de dos décadas de trabajo continuo.
Dentro de ese esquema aparecen compras y movimientos que llaman la atención por su magnitud. Entre ellos, la adquisición de un vehículo Jeep en 2024 por más de 11 mil dólares; una estadía familiar en el hotel Llao Llao; la compra de una propiedad en el barrio Indio Cuá —incluyendo terreno, gastos de escritura y refacciones— por unos 365 mil dólares; y distintos viajes al exterior, como estadías en Aruba, vuelos a Nueva York en primera clase y traslados privados a Punta del Este.
A esto se suman otros consumos vinculados al estilo de vida familiar, como viajes a destinos turísticos internacionales y gastos asociados a alquileres y mantenimiento de propiedades. Parte de estos movimientos, según surge de los registros, se habrían canalizado mediante tarjetas de crédito, que también exhiben cifras elevadas: más de 50 millones de pesos en consumos durante 2024, 81 millones en 2025 y otros 17 millones en apenas los primeros meses de 2026.
El volumen de estas operaciones encendió alertas en la Justicia. En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita lleva adelante una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Uno de los elementos que se incorporaron al expediente fue la declaración del constructor Matías Tabar, quien aseguró haber recibido un pago en efectivo de 245 mil dólares por trabajos realizados en la propiedad de Indio Cuá. Según su testimonio, ese dinero fue entregado sin facturación.
La causa se encuentra en etapa de análisis y promete abrir interrogantes sobre el origen de los fondos y la coherencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su nivel de vida. Mientras tanto, el caso suma tensión en un Gobierno que hace del discurso de la austeridad uno de sus principales ejes.