El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz reanudó este lunes en Río Gallegos el juicio por el hundimiento del ARA San Juan tras una semana de cuarto intermedio en medio de renovados pedidos de familiares para profundizar las pericias sobre la evidencia reunida, en una causa que busca determinar responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes.
El proceso, iniciado el 3 de marzo, tiene en el banquillo a los exoficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, acusados de incumplimiento de deberes, omisión de funciones y estrago culposo agravado. Hasta el momento, son los únicos imputados en el expediente.
En paralelo,
familiares de las víctimas volvieron a reclamar que se realicen estudios técnicos más exhaustivos sobre el material probatorio, que incluye cerca de cinco terabytes de imágenes y videos del submarino. El pedido fue impulsado por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, quien ya lo había presentado en distintas instancias judiciales.
Según sostienen, el análisis integral de esos registros resulta clave para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la determinación de responsabilidades, e incluso plantearon la necesidad de incorporar tecnología especializada, como vehículos submarinos autónomos con sonar de alta precisión, y la intervención de peritos independientes.
Durante las primeras audiencias, la fiscalía sostuvo que el hundimiento -ocurrido durante la administración de Mauricio Macri- no fue un hecho fortuito sino una “tragedia previsible”, al señalar fallas de mantenimiento y advertencias previas que habrían sido desatendidas, entre ellas informes sobre el deterioro de las baterías y la falta de ingreso a dique seco.
El debate prevé la participación de unos 120 testigos y continuará en las próximas semanas con modalidad mixta y audiencias programadas de lunes a jueves en forma alternada, con el objetivo de avanzar en la etapa testimonial hasta julio.