31.03.2026 / REVÉS
Fallo a favor de las universidades: la Justicia obligó al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento
La Justicia federal ratificó la medida cautelar que ordena al Ejecutivo actualizar salarios docentes y becas estudiantiles, al considerar que una ley vigente no puede ser suspendida por decisión administrativa.
La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo ratificó la medida cautelar que exige al Poder Ejecutivo cumplir con los puntos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario tras advertir que una norma aprobada por el Congreso y ratificada tras un veto presidencial no puede quedar sin efecto por decisiones administrativas.
El conflicto judicial se originó luego de que el Gobierno promulgara la ley 27.795 mediante un decreto que condicionaba su aplicación a la disponibilidad de partidas específicas, decisión que motivó que el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades presentaran un amparo para exigir su implementación inmediata.
En diciembre de 2025, un juez federal de primera instancia había hecho lugar a una medida cautelar y ordenado al Estado aplicar de inmediato los artículos vinculados a la actualización salarial docente y al sostenimiento de las becas estudiantiles, decisión que fue apelada por el Ejecutivo y que ahora obtuvo un rrevésp or parte de la Sala III de dicha Cámara.
QUÉ DIJO LA JUSTICIA
"La resolución judicial hace lugar a la cautelar y dispone, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución", informó la Federación de Docentes de la UBA (FEDUBA).
En esa línea, enfatizaron: "Se reafirma la obligación del Gobierno de asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.”
Los camaristas coincidieron con el fallo de primera instancia en que la demora en aplicar la norma podía provocar daños irreparables, en especial por el deterioro salarial de docentes y la situación de los estudiantes que dependen de becas, al tratarse de derechos de carácter alimentario que requieren una respuesta urgente.
El tribunal también rechazó la postura oficial que sostenía que la medida afectaba el interés público por su costo fiscal y recordó que el impacto presupuestario estimado es acotado en relación con el PBI, al tiempo que subrayó que en el caso está en juego el derecho constitucional a enseñar y aprender.
FEDUBA, además, celebró la resolución: "Este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente”, al tiempo que reclamó que se garantice de manera efectiva el financiamiento del sistema universitario público.
En la misma línea, el dirigente de CONADU Federico Montero afirmó que “la cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse”, y consideró que la decisión judicial constituye un respaldo institucional al reclamo de las universidades mientras continúa el proceso principal sobre la validez del decreto presidencial.
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