27.03.2026 / JUDICIALES

Caso $LIBRA: la defensa de Novelli busca anular una pericia clave y pone bajo la lupa el manejo de pruebas digitales

El abogado del empresario cuestionó el informe sobre su celular por supuestas irregularidades en la cadena de custodia y accesos indebidos. Pide excluir la prueba y advierte que su uso podría vulnerar garantías básicas del proceso. El planteo suma tensión a una causa sensible en un contexto de creciente disputa sobre el uso de herramientas judiciales.




La causa por el caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial con impacto potencial en el rumbo del expediente. La defensa del empresario cripto Mauricio Novelli solicitó la nulidad de una de las pruebas centrales: la pericia realizada sobre su teléfono celular por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El planteo no es menor. De prosperar, implicaría dejar fuera del proceso un volumen significativo de información considerada clave por la investigación.

CUESTIONAMIENTOS

La presentación fue realizada ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi por el abogado Daniel Rubinovich, quien sostuvo que el informe pericial presenta “vicios graves” que comprometen su validez. Según argumentó, la pericia “no alcanza los estándares mínimos de fiabilidad exigidos por la Constitución” para ser utilizada como prueba en un proceso judicial. Entre los principales cuestionamientos, la defensa señala irregularidades en la cadena de custodia del material, accesos no autorizados y un análisis que habría excedido los límites originalmente establecidos.

ACCESOS INDEBIDOS

Uno de los puntos más sensibles del planteo tiene que ver con el manejo del material peritado. De acuerdo al escrito, se registraron accesos sin justificación, visualizaciones indebidas y copias locales de archivos por parte de personal de la propia dependencia. Para la defensa, estas situaciones comprometen la integridad de la prueba, ya que impiden garantizar su autenticidad y trazabilidad. El planteo se apoya, además, en una resolución interna que habría confirmado que una agente sin relación funcional con la causa accedió a los archivos, los copió y los almacenó en forma local, lo que refuerza las dudas sobre el resguardo del material.

CRUZANDO LOS LÍMITES

Otro eje del pedido apunta al alcance de la pericia. Según la defensa, el relevamiento no se limitó a los parámetros de búsqueda autorizados, sino que avanzó sobre información personal que no tenía relación con la investigación. El escrito menciona la inclusión de conversaciones privadas, datos irrelevantes para el expediente e incluso comunicaciones alcanzadas por el secreto profesional. En ese marco, sostiene que la medida dejó de ser una herramienta de investigación para convertirse en una “exploración general” de la vida del imputado y de terceros, lo que, advierte, afecta derechos fundamentales.

PEDIDO DE NULIDAD

Frente a este escenario, la defensa solicitó la nulidad total de la pericia y la exclusión de todo el material obtenido. También pidió que se resguarden los datos cuestionados y que se realice una auditoría independiente para evaluar el procedimiento. Además, reclamó la suspensión de cualquier avance en la causa que dependa de esa prueba hasta que se resuelva la incidencia. De manera alternativa, planteó que, si no se acepta la nulidad completa, se invaliden al menos aquellos segmentos que excedan los límites fijados o que estén protegidos por el secreto profesional.

LA DISPUTA MÁS ALLÁ DEL CASO

Más allá del expediente puntual, el planteo vuelve a poner en discusión el uso de herramientas tecnológicas en investigaciones judiciales y los límites en el manejo de datos sensibles. En un contexto donde el Gobierno impulsa reformas y redefine áreas clave del sistema judicial, las garantías sobre la producción y resguardo de la prueba aparecen como un terreno cada vez más disputado. La resolución del juzgado será clave no solo para el futuro de la causa $LIBRA, sino también para fijar criterios sobre hasta dónde puede avanzar el Estado en el acceso y procesamiento de información privada sin afectar derechos básicos.