A 50 años del golpe, el 70% de los argentinos pide que el Estado siga juzgando a los militares

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una encuesta nacional del Centro de Estudios Legales y Sociales y Pulsar-UBA realizada en octubre de 2025 sobre 1.136 casos revela que la mayoría de los argentinos está de acuerdo con la continuidad de los juicios a los militares responsables por los crímenes de lesa humanidad. 

El dato más contundente del estudio es también el más transversal: el 70% de los encuestados considera necesario que el Estado siga juzgando a los militares responsables de crímenes cometidos durante la dictadura. El 51% se declara "muy de acuerdo" con esa afirmación y el 19% "bastante de acuerdo". Solo el 13% dice estar "poco de acuerdo" y otro 13% "nada de acuerdo". El consenso pro-juicios supera ampliamente la línea divisoria entre quienes interpretan la dictadura como un plan sistemático y quienes adhieren a la teoría de los dos demonios: en ambos grupos la demanda de continuidad judicial es mayoritaria, lo que indica que la exigencia de justicia no es patrimonio exclusivo de un sector político sino un piso compartido por la sociedad argentina a medio siglo del golpe.

Sin embargo, hay otros datos de alerta. La condena a la dictadura es mayoritaria pero no unánime: el 61% la describe como un plan sistemático de desaparición de personas, mientras que el 32% sostiene que fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber habido excesos. 

Lo que la sociedad dice saber 

El 71% de los encuestados afirma conocer "mucho" o "algo" sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. Solo el 6% dice no saber nada. La palabra que más aparece en las respuestas abiertas es "desaparecido", seguida por "muerte", "represión", "tortura" y "secuestro". Los desaparecidos, la represión y la violencia institucional ocupan el centro de la memoria colectiva.

Sin embargo, ese conocimiento tiene una fuente predominantemente informal. El 44% se informó principalmente a través de la escuela o la universidad, y el 30% a través de conversaciones con familiares o amigos. Los medios de comunicación aparecen en tercer lugar con apenas el 10% como primera mención, aunque el 28% los cita en menciones totales. Las organizaciones de derechos humanos son la primera fuente para solo el 3% de los encuestados, aunque alcanzan el 14% en menciones totales. Las redes sociales e influencers son la primera fuente para apenas el 1%.

Condena mayoritaria, interpretaciones divididas

El 71% califica la dictadura como "mala" o "muy mala". El 45% la califica específicamente de "muy mala" y el 26% de "mala". Sin embargo, el 19% la califica de "regular" y el 7% de "buena" o "muy buena", porcentajes que el estudio señala como indicadores de una evaluación que, aunque mayoritariamente negativa, no es unánime.

La pregunta sobre el accionar del gobierno militar divide más claramente a la sociedad. El 61% describe la dictadura como un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos. El 32% sostiene que fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber habido "excesos". Este segundo grupo es más grande en varones, en menores de 30 años del interior del país y en personas con menor nivel educativo. El grupo que adhiere al "plan sistemático" es más numeroso entre mujeres (+12%), personas con nivel educativo medio y alto (+6/8%) y residentes del AMBA (+8%).

El golpe y sus responsables

El 63% considera que en 1976 no hubo motivos que justificaran el golpe de Estado. El 27% cree que sí los hubo, en distintos grados. Quienes rechazan cualquier justificación son principalmente universitarios y residentes del AMBA.

Sobre la responsabilidad, el 39% señala como primer responsable al gobierno militar de Videla, Massera y Agosti, porcentaje que sube al 44% en menciones totales. En segunda posición aparecen Montoneros y grupos guerrilleros con el 16% como primera mención y 29% en el total, seguidos por el gobierno de Isabel Perón con 13% y 18% respectivamente. Estados Unidos es señalado por el 7% como primer responsable y por el 15% en menciones totales.

La demanda de justicia y la experiencia personal

El 70% se declara de acuerdo con que el Estado siga juzgando a los militares. Solo el 26% se manifiesta poco o nada de acuerdo. El 30% de los encuestados tiene algún conocido, familiar o amigo que fue desaparecido, detenido o perseguido. Ese vínculo personal funciona como lo que el estudio llama "un ancla moral": quienes tienen conocidos afectados evalúan la dictadura como "muy mala" en un 56%, frente al 40% de quienes no tienen vínculos directos. La experiencia personal también incide en la imagen de los organismos: quienes tienen conocidos afectados tienen una imagen más positiva de Madres y Abuelas (54% vs 40%) y menos positiva de las Fuerzas Armadas (44% vs 57%).

"No va a volver a pasar"

El 83% considera poco o nada probable que vuelva a haber una dictadura en Argentina. Solo el 13% la ve bastante o muy probable. El sentimiento de que "eso no va a volver a pasar" es transversal a todas las posturas y grupos etarios. Sin embargo, los grupos focales revelan una paradoja: quienes afirman que "la gente saldría a la calle" a impedirlo reconocen al mismo tiempo que nunca fueron a una marcha y que no realizan posteos en redes para apoyar causas. Y cuando imaginan los efectos concretos de una dictadura, proyectan sobre todo consecuencias individuales: no poder chatear, perder la libertad de expresión, restricciones en redes sociales.

El 78% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente al 10% que cree que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible. La adhesión democrática es amplia, pero convive con una práctica política escasa: el 28% dice no haber realizado ninguna de las actividades de memoria consultadas —ver documentales, asistir al 24 de marzo, leer el Nunca Más, visitar sitios de memoria—. El ejercicio de la memoria, concluye el estudio, oscila entre el acercamiento cultural y la indiferencia.

El informe fue producido de manera conjunta por el CELS —Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo de derechos humanos fundado en 1979 que desde su origen acompañó judicialmente a las víctimas de la dictadura— y Pulsar-UBA, la consultora de investigación social de la Universidad de Buenos Aires. El estudio combinó una fase cualitativa de ocho grupos focales realizados entre agosto y septiembre de 2025 en distintas regiones del país, segmentados según la postura de los participantes frente a la última dictadura militar, y una fase cuantitativa con una encuesta nacional probabilística de 1.136 casos relevada entre el 15 y el 27 de octubre de 2025. 

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