(R)La resolución judicial validó las actuaciones administrativas impulsadas por el Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que había detectado extensas hectáreas desmontadas sin permisos o con intervenciones que excedían los límites habilitados. Los informes técnicos presentados durante el proceso acreditaron el impacto ambiental de las tareas realizadas y la violación de la normativa vigente.(R(
En primera instancia, la sanción económica se fijó en más de $101 millones, monto al que se sumaron intereses y costas judiciales. La medida se inscribió en el marco de la legislación provincial que regula la preservación de los recursos naturales y establece penalidades para quienes realizan desmontes sin la debida autorización.
Durante el proceso, la defensa del senador intentó evitar la multa mediante la invocación de los fueros parlamentarios y planteos de inconstitucionalidad sobre la normativa ambiental aplicada. Sin embargo, la Justicia rechazó esos argumentos y avanzó con la ratificación de la sanción, en un fallo que volvió a poner en el centro del debate la responsabilidad de los dirigentes políticos frente al cuidado del ambiente.