La Confederación General del Trabajo había promovido una acción de amparo contra el Estado nacional con el objetivo de suspender de manera inmediata los artículos 90 y 91 de la reforma laboral, vinculados al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El planteo incluyó además un pedido para que se declare la nulidad e invalidez constitucional de esos puntos.
En su presentación, el sindicalismo advirtió que el traslado de competencias podría implicar en la práctica la desaparición del fuero laboral nacional y generar un fuerte impacto sobre miles de causas en trámite, además de afectar la situación de trabajadores judiciales. También sostuvo que una eventual declaración posterior de inconstitucionalidad podría resultar de difícil aplicación si el traspaso ya estuviera consolidado.
El magistrado interviniente consideró, sin embargo, que no correspondía dictar la cautelar en esta etapa del proceso, por lo que la normativa continuará vigente hasta que exista una sentencia definitiva. La resolución representó así el primer revés judicial para la estrategia de la CGT orientada a frenar los cambios impulsados por el Gobierno.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa entre la administración libertaria y el movimiento sindical en torno a la reforma laboral, uno de los ejes centrales del programa económico oficial. Mientras tanto, la central obrera analiza nuevas acciones judiciales y políticas para intentar modificar o bloquear algunos aspectos de la ley.