06.01.2026 / EMERGENCIA
Ante un ultimátum judicial, el Gobierno prometió aplicar la Ley de Discapacidad pero sin anunciar acciones concretas
El Ejecutivo entregó un documento a la Justicia federal para evitar sanciones económicas a funcionarios, en el que se comprometió a avanzar con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las organizaciones reclamantes advierten que no hay precisiones ni medidas inmediatas.
El Gobierno nacional presentó ante la Justicia federal de Campana, a través de la Procuración del Tesoro y al borde del vencimiento del plazo fijado por el juez Adrián González Charvay, un escrito en el que se comprometió a comenzar a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad con el objetivo de evitar la imposición de multas económicas a ministros y altos funcionarios del gabinete.
La respuesta oficial llegó en el marco del amparo impulsado por organizaciones del colectivo de discapacidad, que cuestionan la falta de financiamiento de la norma y miran con desconfianza la promesa del Ejecutivo, en especial después del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su degradación a una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Según el informe presentado, el Gobierno plantea la posibilidad de realizar a futuro incrementos presupuestarios que no estaban previstos en el proyecto de Presupuesto 2026, entre ellos un refuerzo de casi siete billones de pesos para pensiones por discapacidad y más de un billón para instituciones de apoyo en salud, educación y rehabilitación.
Tampoco se precisó de qué manera se instrumentará la condonación de deudas que mantienen con el Estado escuelas especiales y centros de rehabilitación, mientras el juez evalúa la propuesta oficial y las organizaciones preparan una respuesta judicial, en un contexto marcado por el antecedente del veto presidencial a la ley y su posterior reglamentación sin fondos, que derivó en el conflicto judicial.
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