En línea con el aliado estadounidense de Milei, el Gobierno nacional avanza en la redacción de un nuevo decreto para reformar la política migratoria con el objetivo de otorgarle más competencias a la Dirección Nacional de Migraciones, ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y profundizar un esquema de control más estricto sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros en la Argentina.
Según fuentes oficiales, la iniciativa busca complementar y corregir aspectos del DNU 366/2025, publicado en mayo, que modificó el régimen migratorio vigente para ampliar los controles sobre quienes ingresan al país, cruzar información con el sistema de asistencia social y habilitar mecanismos como la ciudadanía por inversión. Desde el Gobierno, trascendió que la idea es elaborar una reglamentación.
En ese marco, el nuevo texto apunta a consolidar una política migratoria más restrictiva, con especial foco en personas provenientes de países considerados de “baja vigilancia”, y a reforzar el análisis de antecedentes de quienes soliciten ingresar a la Argentina. También se evalúa ampliar el listado de países cuyos ciudadanos deberán tramitar una visa, requisito que ya rige para varias naciones de Asia y África.
La reforma se apoya en los cambios recientes que redefinieron el rol de Migraciones, históricamente limitado a la gestión de residencias, ciudadanías y el control formal de ingresos. El DNU de mayo incorporó criterios más duros, como la deportación de extranjeros condenados por delitos, el pago de servicios de salud y educación, y la atención gratuita solo en casos de emergencia para quienes tengan una situación migratoria irregular.
Además, el Ejecutivo ya había avanzado en restringir el acceso a la ciudadanía argentina al exigir dos años de residencia continua en el país sin salidas al exterior, una línea que ahora se profundiza con el nuevo decreto en elaboración. “Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”, sostuvo en su momento el vocero presidencial Manuel Adorni al justificar el rumbo de la reforma.