26.12.2025 / INTIMACIÓN
La Justicia le dio un plazo de cinco días al Gobierno para aplicar la Ley de Discapacidad
Un juez federal intimó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera inmediata la Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas y eventuales denuncias penales a funcionarios nacionales por desobediencia judicial
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le dio al Gobierno nacional un plazo perentorio de cinco días hábiles para ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente en todo el país tras declarar inválido el decreto que había frenado su aplicación y advertir que, en caso de incumplimiento, se avanzará con sanciones económicas y posibles acciones penales contra funcionarios responsables.
La decisión judicial se conoció luego de que el magistrado ya hubiera dejado sin efecto, el pasado 12 de diciembre, el decreto 681/2025 que suspendía la norma sancionada por el Congreso. En ese fallo, González Charvay sostuvo que no existe la figura de una “ley suspendida” y recordó que, tras el rechazo parlamentario al veto presidencial, el Ejecutivo está constitucionalmente obligado a cumplirla.
El planteo fue impulsado por dos familias de personas con Certificado Único de Discapacidad, con el respaldo de prestadores y organizaciones del sector, que reclamaron la ejecución inmediata de la sentencia. El abogado Diego Armesto explicó que el fallo ordena el cumplimiento automático una vez notificado y habilita la aplicación de astreintes para forzar el acatamiento ante una resistencia injustificada.
En paralelo, el conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte deterioro económico del sector, con prestadores que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo y demoras de hasta 60 días en los pagos. Instituciones de educación especial y servicios terapéuticos advierten que los valores actuales no cubren los costos básicos de funcionamiento, lo que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.
Desde el colectivo de discapacidad remarcan que cada día sin aplicación efectiva de la ley profundiza la situación de desprotección de miles de personas. “Una vez dictada la sentencia, el Poder Ejecutivo Nacional está obligado a cumplirla”, sostuvo Armesto, al subrayar que el fallo judicial no deja margen para condicionamientos administrativos o fiscales.
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