Con Ritondo a la cabeza, la pelea por la AGN expone una interna política y un debate constitucional en el Congreso

La pelea por los nombramientos en la Auditoría General de la Nación (AGN) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo político y judicial. El bloque del PRO, que conduce Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados, impugnó las designaciones aprobadas en la última sesión y presentó una acción judicial para frenar la jura de los nuevos auditores, a los que acusa de haber sido votados de manera irregular y “entre gallos y medianoche”.

La votación dejó afuera al PRO y consagró un acuerdo entre La Libertad Avanza, el bloque peronista que encabeza Germán Martínez y el interbloque Innovación Federal. Así, fueron designados Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Mónica Calletti para ocupar las vacantes de Diputados en la AGN. Desde el macrismo calificaron el entendimiento como un “pacto” entre el oficialismo y el kirchnerismo, mientras que en el entorno libertario lo atribuyeron a una reacción del PRO por haberse quedado sin representación en el organismo de control.

El principal argumento jurídico de los amarillos apunta a que la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en presunta violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. Sin embargo, voces con larga trayectoria parlamentaria y especialistas en derecho constitucional relativizaron esa interpretación y recordaron que los nombramientos de la AGN son una atribución exclusiva del Congreso, que no requiere promulgación del Poder Ejecutivo ni se rige por el procedimiento de sanción de leyes.

A ese planteo se sumó la crítica por la supuesta falta de publicidad y de dictamen de comisión, dos objeciones que también fueron desestimadas desde el ámbito legislativo, ya que este tipo de resoluciones se votan directamente en el recinto y la sesión fue transmitida por el canal oficial de Diputados. En el oficialismo sostuvieron que el reclamo del PRO carece de sustento jurídico y responde a una interna política más que a una preocupación institucional.

Más allá de la controversia, el desenlace avanzó. Juan Manuel Olmos, hasta entonces único integrante del organismo, tomó juramento a los tres auditores designados, lo que permitió a la AGN recuperar el quórum y salir de la acefalía que arrastraba desde hacía más de un año. Con el organismo nuevamente en funcionamiento, la disputa deja al desnudo una puja política en la que el discurso constitucional convive, una vez más, con la lógica de la rosca y el reparto de poder.