19.12.2025 / RETRASO

Senado: con dictamen listo, el debate para modificar la Ley de Glaciares se postergó a febrero de 2026

Tras el aval de las comisiones de Minería y Ambiente, el proyecto impulsado por el Gobierno quedó habilitado para el recinto, aunque su tratamiento fue diferido para el próximo período extraordinario del año que viene, en medio de fuertes cuestionamientos ambientales y científicos.





Con el dictamen ya firmado y tras varias horas de exposición en la sesión de comisiones, el Senado resolvió postergar el debate para introducir cambios en la Ley de Glaciares hasta febrero de 2026, una decisión que, pese al impulso oficial, estiró los plazos de una reforma que genera resistencias y mantiene abierto el conflicto entre el Ejecutivo, las provincias mineras y los sectores ambientalistas.

El aval se alcanzó en un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que retomó el cuarto intermedio de la jornada anterior y reunió a senadores, gobernadores y expositores de distintos sectores, con una agenda marcada por la urgencia política del Gobierno y las advertencias sobre los alcances de la iniciativa.

El proyecto propone redefinir el objeto de la ley vigente para limitar la protección a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas “reales”, como reservas estratégicas de agua o recarga de cuencas, una modificación que, según científicos y organizaciones ambientales, recorta el alcance actual de la norma y deja fuera áreas hoy protegidas como ecosistemas estratégicos.

Durante las exposiciones, referentes de organizaciones ambientales y del ámbito científico cuestionaron la celeridad del tratamiento y defendieron el Inventario Nacional de Glaciares, al tiempo que alertaron sobre los riesgos de flexibilizar un marco legal considerado clave para la protección de ecosistemas de alta montaña y del recurso hídrico.

Desde el sector minero y los gobiernos provinciales de San Juan y Catamarca, en cambio, se respaldó la iniciativa oficial con el argumento de que la ley actual genera incertidumbre jurídica y limita inversiones estratégicas.

Por su parte, el Gobierno nacional insiste en que se trata de una “ley aclaratoria” y no regresiva, que no modifica prohibiciones centrales ni tiene efectos retroactivos, y sostiene que busca ordenar su aplicación en línea con la Constitución, aunque las críticas advierten que, detrás de esa definición, hay varios ítems que permanecen "ocultos" y que pondrían en riesgo la preservación del entorno natural.