18.12.2025 / OFENSIVA

El Gobierno apeló un fallo judicial que ordenó la aplicación inmediata de la ley de Discapacidad

La Casa Rosada recurrió una sentencia federal que declaró inválido un decreto presidencial y dispuso la plena vigencia de la ley de Emergencia en Discapacidad, en una causa de alcance colectivo que ahora será revisada por la Cámara Federal de San Martín.





El Poder Ejecutivo presentó un recurso de apelación contra la resolución que lo obligó a poner en marcha de manera inmediata la ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay invalidara el artículo central del Decreto 681/2025 y advirtiera que la suspensión de la norma configuró una “violación manifiesta de la división de poderes”.

La apelación fue concedida con efecto devolutivo, por lo que no suspende la orden judicial y mantiene vigente la obligación de aplicar la Ley 27.793 mientras el expediente es analizado por la Cámara Federal de San Martín, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por el alcance de las decisiones adoptadas por decreto.

El fallo cuestionado se dictó en el marco de un amparo que comenzó con la presentación de dos familias y derivó en una acción colectiva de gran magnitud, con la adhesión de organizaciones, prestadores, transportistas y familias de personas con discapacidad, respaldada por documentación que expuso atrasos en los aranceles, demoras en los pagos y el cierre de instituciones del sistema.

La resolución judicial también reconstruyó el derrotero legislativo de la norma, aprobada por amplia mayoría en 2025, vetada por el Presidente y luego restablecida tras el rechazo del Congreso, para finalmente ser promulgada y suspendida de manera simultánea mediante un decreto que el magistrado declaró nulo e inconstitucional.

Al fundamentar su decisión, González Charvay sostuvo que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto una ley vigente bajo argumentos presupuestarios y remarcó que “un decreto no puede subordinar la voluntad del Congreso”, al tiempo que señaló que el Gobierno realizó múltiples reasignaciones de partidas en los últimos años, lo que, según el fallo, demuestra que “existe capacidad jurídica y económica para implementar la ley, pero se elige no hacerlo para este colectivo”.