El presidente Javier Milei oficializó mediante el Decreto 864/2025 la aprobación de la nueva Política de Inteligencia Nacional, una norma que reorganiza el sistema y consolida el rol central de la Secretaría de Inteligencia de Estado tras la disolución de la AFI y la creación de nuevos organismos especializados.
La decisión llega luego del desplazamiento de Sergio Neiffert, quien dejó el cargo en medio de versiones de tensión interna y fue reemplazado por Cristian Auguadra, un hombre de confianza de Santiago Caputo que hasta ahora había mantenido bajo perfil.
La resolución sostiene que el país atravesaba una degradación institucional por la falta de conducción estratégica, por lo que el Gobierno decidió redefinir las funciones, actualizar capacidades y establecer criterios comunes para la obtención y el análisis de información sensible.
En este marco, la SIDE quedó a cargo de elaborar la próxima Estrategia de Inteligencia Nacional, un documento operativo que fijará prioridades, cursos de acción y las necesidades tecnológicas y de personal para adaptar el sistema al escenario geopolítico actual.
Asimismo, el decreto recuerda que la reestructuración iniciada en 2024 implicó la creación del Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Ciberseguridad, organismos que deberán articular bajo los nuevos lineamientos.
La política aprobada define cinco intereses estratégicos: soberanía, integridad territorial, protección de la población, defensa del sistema democrático y resguardo de los recursos. Además, ordena orientar el trabajo de inteligencia a la detección de riesgos, amenazas y oportunidades para el Estado.
El texto incorpora también diez lineamientos que abarcan la competencia global, la influencia externa, la vigilancia sobre recursos naturales, la situación en el Atlántico Sur y la Antártida, el crimen organizado, el terrorismo y las amenazas desde el ciberespacio.
La Casa Rosada remarcó que esta actualización busca una “revalorización institucional” y una mayor cooperación internacional, al señalar en el decreto que el escenario es “difuso, fragmentado y complejo”, justificación que el Ejecutivo utiliza para validar la concentración del control del sistema en la SIDE.