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El exministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, cuestionó la iniciativa del Gobierno al señalar en una entrevista con Futurock que "no hay pruebas empíricas para demostrar que el aumento de las penas baja los delitos", postura que luego amplió en LN+ al plantear que la discusión central pasa por mejorar la capacidad del sistema para identificar, procesar y condenar a los responsables.
Durante sus intervenciones, Garavano sostuvo que el agravamiento de las penas es secundario frente al funcionamiento real de la Justicia y recordó que al Código Penal vigente "se le hicieron más de 900 reformas tipo parches", lo que definió como un código "Frankenstein".
El exfuncionario también evocó el fallido intento de reforma que su cartera elevó en 2019, al señalar que fue uno de los 17 proyectos que no prosperaron por la falta de consensos sobre temas sensibles como aborto o tenencia de drogas para consumo personal, y subrayó que se necesitan reglas claras en áreas que hoy están mal reguladas. "Lo importante es tener un Código que apunte a temas que hoy no están regulados o mal regulados con leyes que se fueron agregando, por ejemplo, contra el terrorismo o situaciones viales”, analizó sobre el plan de la senadora electa.
Garavano objetó además los debates sobre imprescriptibilidad en delitos de corrupción, que finalmente el Gobierno retiró, al afirmar que "estas cosas, a la larga, son remedios para la ineficacia del sistema judicial", y cerró: "si el sistema no funciona, aumento las penas y no es así".
Cambios en el Código Penal
La reforma que el Ejecutivo enviará al Congreso propone endurecimientos en homicidios, robos, narcotráfico, trata y delitos viales; establece la no prescripción para abusos sexuales y homicidios agravados; y elimina el límite temporal de la prisión perpetua. El Ministerio de Justicia argumenta que la suba de mínimos evitará excarcelaciones cuando las penas no superen los tres años.
El texto incorpora nuevas figuras como cibercrimen, motochorros, ecocidio y delitos contra el orden electoral, además de agravar castigos cuando las víctimas sean menores, adultos mayores o personas con discapacidad, y mantiene vigente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sin modificaciones.
En la presentación del proyecto, Bullrich defendió la orientación general al declarar: "El que la hace, las paga", mientras sostuvo que los delitos de corrupción tendrán penas "graves, gravísimas" y celebró dejar atrás “la doctrina Zaffaroni”, aunque el debate legislativo anticipa un escenario de fuerte controversia.