Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) denunciaron que la Policía de la Ciudad respondió con gases y corridas a una protesta por mejoras salariales y contra el cierre del Servicio Argentino de Calibración y Medición, una represión que comenzó cuando intentaban mover la marcha a la traza principal de la General Paz y que, según relataron, estalló de manera abrupta. “La situación es tensa, la Policía está tirando gases”, habían advertido temprano.
El reclamo se produjo mientras el Gobierno avanzaba con la disolución del SAC, una red que permitía al INTI garantizar mediciones esenciales en surtidores, balanzas, radares y equipos industriales. Un empleado sintetizó el reclamo: “Hace un año y medio que tenemos los sueldos prácticamente congelados, no llegamos a fin de mes, y la situación es insostenible”, alarmó.
"Los sueldos hoy están muy por debajo de lo que deberíamos cobrar”, agregaron desde la manifestación, además de advertir que “con Milei" su poder adquisitivo retrocedió un 30%. "Necesitamos una recomposición salarial urgente, la gente se está yendo”, insistieron.
Al respecto de la eliminación de la red SAC, los trabajadores la definieron como una herramienta pública clave para pequeñas industrias: “Este servicio se brindaba subsidiado a Pymes. Eso por ejemplo lo cobrábamos 10 mil pesos, un privado hoy lo cobra 5 millones de pesos”, señalaron, mientras otro empleado apuntó a inversiones que no eran prioritarias: “Gastaron u$s50 mil en poner cámaras en un lugar donde no había problemas”.
La tensión escaló cuando un grupo denunció que un agente policial se había quedado con un celular durante las corridas; frente a las cámaras, el efectivo aseguró que “se había caído”, aunque terminó devolviéndolo tras el reclamo de los trabajadores.
"La policía reprime. Uno quiere dialogar, pero no. La respuesta es palos, empujarnos, intentar detenernos”, lamentó el secretario general de ATE-INTI, Francisco Dollmann, quien además recordó que "el vaciamiento del INTI es un atentado contra toda la población y la sociedad argentina”.
El vaciamiento al que se refiere el sindicalista es ejecutado por el Gobierno nacional hace varios meses. Pese a la orden judicial que lo obliga a frenar cualquier reforma, la gestión mileísta avanzó con varias medidas: reorganización interna, cierre de sedes regionales, suspensión de becas y un creciente estado de militarización en el predio con la presencia de Gendarmería y domos de vigilancia instalados incluso dentro de las áreas gremiales.