La Corte Suprema dispuso que se concrete la ejecución del decomiso ordenado en la causa contra Lázaro Báez y su hijo Martín, por medio de la instrucción al Tribunal Oral Federal 4 a inscribir a nombre del Estado más de USD 61 millones en fondos, bienes y propiedades que habían sido incautados tras quedar firmes las condenas por lavado de activos.
El tribunal que sentenció el caso en 2021 había ordenado decomisar USD 61.130.860,86 y casi 4,2 millones de pesos ajustados por inflación, resolución que fue confirmada por Casación en 2023 y que quedó firme en mayo pasado, cuando la Corte declaró inadmisibles los recursos de la defensa.
Sin embargo, el trámite se demoró cuando el Gobierno creó por decreto un Consejo de Bienes Recuperados que pretendía supervisar y administrar esos activos. La iniciativa generó fricción con el Poder Judicial, que recordó que “los jueces intervinientes deben disponer los bienes decomisados” para preservar la independencia judicial. Luego de frenar el decreto, se retomó la moción.
El oficio enviado por la Dirección General de Gestión Interna del máximo tribunal notificó que deben transferirse al patrimonio estatal tanto las sumas en efectivo decomisadas como “la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas”, además de los inmuebles registrados a nombre del empresario y su hijo mayor.
Además, incluye cuentas en Suiza y Bahamas, donde se acumularían casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares, así como más de 70 propiedades en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires, cuyo traspaso ya había sido dispuesto por el juez Néstor Costabel apenas quedaron firmes las condenas.