La relación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional continúa bajo una relación tensa. Sin embargo, Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), sostuvo que "nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”.
“La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”, precisó Vitolo en comunicación con Radio Rivadavia.
Sin embargo, el titular de la IGJ explicó que la entidad futbolística sigue sujeta al control de este organismo, ya que no completó los procedimientos legales necesarios para trasladar su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según Vitolo, la AFA resolvió en una asamblea mudar su sede a la provincia, pero esta decisión carece de validez hasta que se reforme el estatuto, se obtenga la aprobación de la IGJ y se cumplan todos los trámites administrativos, incluyendo la notificación a la jurisdicción original una vez finalizado el proceso. “La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, afirmó.
El funcionario detalló que la AFA no presentó ante la IGJ el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. La asamblea, que adelantó un año la renovación de autoridades por un período de cinco años, fue impugnada por la IGJ y actualmente se encuentra judicializada, a la espera de una resolución de la Corte Suprema.
Además, Vitolo señaló que la AFA mantiene deudas informativas con la IGJ desde 2017, relacionadas con inconsistencias detectadas en los estados contables.
En cuanto a la posibilidad de intervención de la AFA, Vitolo explicó que existen tres escenarios legales. El primero, bajo la órbita de la IGJ, se daría si se comprobara una violación grave de la ley, el estatuto o el reglamento, lo que permitiría recomendar la intervención al ministro de Justicia de la Nación. No obstante, Vitolo descartó que esta opción esté siendo considerada actualmente por el Poder Ejecutivo.
El segundo escenario corresponde al ámbito penal, donde un juez podría tomar medidas para preservar bienes y pruebas en el marco de investigaciones por lavado de dinero. El tercero es de naturaleza civil, y permitiría que un club afiliado solicite la intervención judicial de la AFA ante la Justicia Civil Ordinaria de la Capital Federal, en caso de considerar que la institución está en peligro por el accionar de sus administradores. Las intervenciones pueden variar desde la designación de un veedor informante hasta la intervención plena con desplazamiento de autoridades.