El Gobierno promulgará la ley de emergencia en Discapacidad pero todavía no definirá un esquema de financiamiento

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que aunque el Gobierno promulgará la ley de emergencia en discapacidad, su reglamentación y puesta en marcha dependerán de la definición de un esquema de financiamiento, aún no establecido. “No me pueden endilgar a mí que vea de qué partidas se sacan los fondos. Que me digan si hay que sacarle a los jubilados para pasarlo a discapacidad”, señaló.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, indicó el jefe de ministros.  La iniciativa, impulsada por la oposición y respaldada también por fuerzas aliadas del oficialismo, había logrado los dos tercios necesarios en ambas cámaras para revertir el veto. Sin embargo, el Gobierno aclaró que la implementación dependerá de la definición de un esquema de financiamiento consensuado con el Congreso. Hasta entonces, las medidas previstas, como la actualización mensual de aranceles según inflación, la transformación automática de pensiones y el refuerzo del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, permanecerán suspendidas.

Entre los puntos centrales, la norma establece que las Pensiones No Contributivas por Discapacidad se otorgarán a quienes tengan Certificado Único de Discapacidad, ingresos por debajo de dos Salarios Mínimos y no perciban prestaciones similares. El beneficio equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado dentro de los límites fijados.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley podría ampliar la cobertura entre 493 mil y 946 mil personas, con un costo fiscal estimado entre $1,88 billones y $3,62 billones, equivalente a entre 0,22% y 0,42% del PBI. A esto se suman $278.323 millones para compensaciones a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción.
La ley se aprueba en un contexto de crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, marcado por recortes presupuestarios y auditorías que redujeron la cantidad de beneficiarios. El caso se agravó tras la salida del ex titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, luego de que se filtraran audios sobre un presunto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías.

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