En una sesión especial que comenzó pasadas las 15:30, la Legislatura de Neuquén destituyó a la vicegobernadora suspendida Gloria Ruiz por “inhabilidad moral” para ejercer el cargo. El debate, presidido por Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Cámara, se extendió por más de cinco horas y culminó con una votación con 30 votos a favor, alcanzando los dos tercios necesarios para la destitución.
TENSIONES Y CUESTIONAMIENTO
El primer orador fue Claudio Domínguez del Movimiento Popular Neuquino (MPN), quien enfatizó la amplitud del proceso investigativo, y destacó que Ruiz tuvo dos oportunidades para defenderse. Criticó el intento de “desviar el foco” de los hechos investigados y subrayó que Ruiz reconoció haber utilizado el nombre de su suegra para justificar la compra de una camioneta Toyota SW4.
Por su parte, el diputado Francisco Lépore, de Avanzar, presentó un informe detallado con diapositivas que expusieron las irregularidades detectadas. Lépore calificó como "inadmisible" el uso de fondos públicos para fines personales.
MANEJO IRREGULAR DE FONDOS PÚBLICOS
Uno de los puntos más controvertidos fue el manejo de fondos públicos que, según la investigación, involucró transferencias a cuentas personales del hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz, quien se desempeñaba como coordinador en la Legislatura.
El diputado Marcelo Bermúdez, del PRO, afirmó que esta situación revela un “grave déficit de gestión” y acusó a Ruiz de faltar a la verdad al negar conocimiento sobre estas transferencias.
Guillermo Monzani, de Hacemos Neuquén, defendió a la secretaria de Cámara, Isabel Ricchini, criticada por el equipo defensor de Ruiz. Monzani la calificó como la persona “más capacitada del equipo” y cuestionó los intentos de cargar responsabilidades en los trabajadores legislativos.
ABSTENSIONES
Los bloques de izquierda y Unión por la Patria solicitaron abstenerse de la votación, argumentando que el proceso estaba “viciado de irregularidades”. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada. Tres legisladores peronistas abandonaron el recinto, mientras que los dos representantes de la izquierda intentaron mantener su abstención, aunque sus votos fueron contabilizados como negativos.
Lorena Parrilli, de Unión por la Patria, calificó el procedimiento como “ilegal e ilegítimo” y sostuvo que “no hay imparcialidad en este juicio político”. Por su parte, Darío Martínez criticó la falta de una ley de Ética Pública que regule situaciones como esta.
