El fiscal Juan Manuel Pettigiani se convirtió en noticia este lunes por denunciar a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pero en los tribunales dio que hablar en múltiples oportunidades. Lo recusaron en causas por delitos de lesa humanidad, cuestionaron su accionar en un juicio a grupos neonazis y en casos de trata de personas e incluso lo denunciaron por maltrato y acoso laboral.
En el marco de la multitudinaria marcha del 24 de marzo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo apuntó contra el Presidente ante la oleada de discursos negacionistas: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido. Las constantes provocaciones del Gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional”.
Luego de esos dichos, no tardaron en llegar los repudios desde la primera línea del Ejecutivo para abajo. Lo suyo hizo Pettigiani: denunció a De Carlotto por "amenaza de rebelión" y "alzamiento en armas contra la Constitución". El juez federal N° 11 de la ciudad de Buenos Aires, Julián Ercolini, deberá revisar la denuncia, radicada en Comodoro Py.
En la denuncia, el representante del Ministerio Público citó fragmentos del artículo 226 bis del Código Penal, que sostiene que la amenaza de rebelión se da cuando alguien amenaza pública e idóneamente con conductas para deponer al Poder Ejecutivo.
EL PRONTUARIO DE PETTIGIANI
De esta manera, su accionar contra De Carlotto no pasa desapercibido. En 2008 Pettigiani dictaminó que los
crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) no constituían delitos de lesa humanidad. El fiscal consideró que los asesinatos cometidos junto a la Triple A en la previa de marzo de 1976 eran delitos comunes, y por lo tanto estaban prescritos. A raíz de esto, fue recusado y siete de los nueve miembros de la CNU acusados fueron condenados.
Los organismos de Derechos Humanos que pedían su recusación advertían que “el discurso plasmado en el dictamen encierra el concepto de lo sucedido en dictadura y años previos de quienes sostienen la denominada 'teoría de los dos demonios' enarbolada públicamente en los últimos tiempos, entre otros, por personajes que componen Memoria Completa”. La mención hacía referencia a organizaciones que nucleaban a defensores y familiares de represores y equiparaban a los crímenes de las organizaciones armadas con los del Estado. Idea que siempre pregonó la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, y que el gobierno de Javier Milei plasmó en un provocador video este 24 de marzo. Tras ser recusado en la causa CNU, Pettigiani se excusó en todas las causas de lesa humanidad que le tocaron en suerte.
Diez años después de aquella recusación, en 2018, se pidió su destitución por
su accionar en el juicio por los ataques neonazis ocurridos en Mar del Plata entre 2014 y 2016. El caso llegó a debate oral luego del rechazo del tribunal a un acuerdo de juicio abreviado propuesto por Pettigiani, quien consideraba que durante la instrucción no había quedado acreditado que los jóvenes hubieran integrado una organización de ideología neonazi. Los hechos bajo análisis incluían agresiones con saña a gays, trans, inmigrantes, anarquistas, militantes de los Derechos Humanos, punks y judíos.
La Federación Argentina LGTB acompañó el pedido de destitución: “Porque consideramos que no cumple con sus funciones correspondientes (…) Es un funcionario que defiende a represores, a esclavistas sexuales y a neonazis, cuyo accionar atenta sistemáticamente contra los Derechos Humanos. Creemos que debe ser sumariado y definitivamente apartado de la causa”.
En aquel comunicado, recordaban los polémicos antecedentes del fiscal. Como haber intentado
bajar los años de condena a un acusado del delito de redes de trata con fines de explotación sexual a nivel internacional. “La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Ministerio Público, consideró la del Fiscal ‘una incongruencia de actuación que avergüenza’.”
A fines de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Pettigiani pidió el
sobreseimiento de su colega porteño Carlos Stornelli, procesado por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia en la causa que tiene a Marcelo D’Alessio entre sus acusados. Por esos días, según consignó El Cohete a la Luna –en una nota titulada Herr Petti– era denunciado por acoso y maltrato laboral por tres empleados de su fiscalía, algo que está siendo investigado en una auditoría interna.
Un abogado marplatense que prefirió mantener su identidad en reserva (“porque es un tipo particularmente rencoroso”) definió a Pettigiani como portador de
“una línea política muy marcada anti K, ultra facho, amigo de lo peor de Comodoro Py y muy corrupto”. De hecho, sus antecedentes incluyen haber presentado un dictamen en la Cámara Federal de Mar del Plata para que la causa sobre la red de espionaje ilegal fuera retirada del juzgado federal de Dolores y llevada a Comodoro Py, donde tendría un trato más ‘amigable’.
A todo esto, Pettigiani pidió hace unas semanas atrás
que se investigue al dirigente Juan Grabois por su vínculo con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), blanco de ataque del Gobierno Nacional, en relación a un plan de viviendas sin terminar en Mar del Plata. Al hablar sobre Grabois, el fiscal aludió al narco colombiano Pablo Escobar.
La comparación se tradujo en una nueva denuncia en su contra: “He recibido muchas calumnias de mis adversarios y enemigos pero la comparación con Pablo Escobar por parte de un fiscal federal se lleva todos los premios”, dijo Grabois a través de la red social X, y anticipó que impulsaría un pedido de juicio político contra Pettigiani.
