El Gobierno ha anunciado la derogación de 69 normativas en un intento por reducir la burocracia y mejorar la competitividad en el comercio. Sin embargo, esta medida no está exenta de críticas y cuestionamientos sobre su verdadero impacto y motivación. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, ha emitido la Resolución 51/2024, mediante la cual se derogaron 69 normativas que representaban obstáculos para las relaciones comerciales y fomentaban una intervención excesiva del Estado.
El objetivo principal de esta medida es desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información entre la sociedad y el Estado, y eliminar superposiciones y redundancias que se habían detectado en las normativas vigentes. Entre las leyes derogadas se encuentran la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios, que han sido identificadas como barreras para el desarrollo del comercio.
Entre las normas derogadas se incluyen sistemas como el SiFIRE y el SIPRE, que requerían una cantidad significativa de recursos humanos y tecnológicos tanto por parte del Estado como de las empresas, y cuya utilidad había sido cuestionada por su potencial para ser utilizados como herramientas de presión sobre las empresas.
Además,
se han eliminado normativas complementarias a leyes ya derogadas, como las de Góndolas y de Abastecimiento, así como regímenes informativos como Precios Cuidados, que se consideraban distorsiones en el sistema de precios, especialmente en el sector de alimentos y bebidas.
Otra medida destacada es la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, con el objetivo de promover políticas similares a nivel provincial que se ajusten mejor a las necesidades de cada región, fomentando así el federalismo real.
En el marco de la simplificación de políticas, también se han derogado normativas relacionadas con la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades privadas, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidades vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores que violaba aspectos constitucionales.
Estas derogaciones representan la primera etapa de un proceso más amplio de revisión normativa, con el objetivo de simplificar el comercio, reducir la burocracia y evitar la pérdida de tiempo y recursos tanto para ciudadanos como para empresas. Este enfoque refleja el compromiso del Gobierno con la eficiencia administrativa y el desarrollo económico.