25.01.2024 / Política
El Gobierno impulsa la creación de una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos
El presidente Javier Milei le ordenó al ministro Mariano Cúneo Libarona que le sugiera al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que abra una fiscalía que actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo. La iniciativa no es novedosa, ya que en la actualidad existe un organismo con competencias para investigar delitos de corrupción dentro de la función pública.
El presidente Javier Milei decidió este jueves impulsar la creación de una fiscalía especial para investigar a funcionarios nacionales y provinciales en posibles casos de corrupción como enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales.
"Milei ordenó la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente referidos a las figuras de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales", explicaron fuentes oficiales.
Según dijeron, en la reunión de gabinete en la Casa Rosada, el mandatario le ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que le sugiera al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que abra esa fiscalía que actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo.
"Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficios", fue la advertencia que pronunció Milei en la reunión de Gabinete efectuada en la sede gubernamental.
No obstante, la iniciativa del Gobierno no es novedosa, ya que en la actualidad existe un organismo con competencias para investigar delitos de corrupción dentro de la función pública. Se trata de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), derivada de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, creada a partir de la Ley 24.946 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En el organigrama, la PIA integra la Procuración General de la Nación como órgano especializado en la "investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional", detalla la norma de creación de esa oficina.
En la norma, se aclara que serán investigados los hechos de corrupción cometidos por "el personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación". En contrapartida, "la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales", expresa.
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