El Gobierno envió este lunes al Congreso el proyecto final de la ley ómnibus que contiene la modificaciones negociadas con la oposición dialoguista en puntos clave como la fórmula de movilidad jubilatoria, las retenciones al campo y la posibilidad de privatizar las empresas públicas.
En cuanto a jubilaciones, ahora, el Ejecutivo propone aplicar la fórmula actual de movilidad previsional hasta abril y luego actualizar los haberes por la inflación calculada por el INDEC. "El Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual.
A partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo", sostiene el proyecto.
Respecto a la privatización de las empresas estatales,
el Gobierno decidió dejar afuera a YPF de las empresas "sujetas a privatización". Mientras que señala que p
ara Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Además, se propone retenciones del 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación y solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas. Así, el proyecto final descarta la posibilidad de aumentar los derechos de exportación de los productos derivados de la soja de un 31 a un 33%.
Otra de las modificaciones que acordó con la oposición dialoguista -PRO, Hacemos Coalición Federal, UCR e Innovación Federal- refiere al sector pesquero: el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras y apunta a la confusión que se produjo en la anterior redacción como consecuencia de la incorporación de la palabra "internacional". Sobre eso, el Gobierno aclaró: "
Esta palabra es removida en esta versión clarificando dicha confusión".
También, se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N 24.922, con lo cual
se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.
Por otro lado, sobre la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, se eliminó la declaración de la emergencia en materia social y de defensa y
se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso. Originalmente, el proyecto busca la delegación por dos años y poder extenderlos por otros dos.
Mientras que respecto al impuesto a los bienes personales, el proyecto establece ahora un "beneficio para sujetos cumplidores". "Aquellos contribuyentes que hayan cumplido en tiempo y forma la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2024, 2025 y 2026", señala el nuevo texto.