27.11.2023 / FUTBOL Y POLÍTICA

Ordenan la disolución de "Locura Deportiva", la empresa de Battaglia beneficiada por el Gobierno de Larreta

La resolución de la IGJ subraya que la concesión fue otorgada a "una entidad ficticia, absolutamente infracapitalizada, sin sede social efectiva y con solo un año de actividad concreta, a pesar de haber sido constituida en el año 2018".





La Inspección General de Justicia (IGJ) ha emitido una resolución que ordena la "inmediata disolución y liquidación" de la empresa "Locura Deportiva", propiedad del exfutbolista Sebastián Battaglia, la cual había sido beneficiada por el Gobierno porteño con la concesión de dos hectáreas en el Parque Sarmiento. La decisión se basa en la consideración de que la empresa era una "sociedad ficticia e ilícita", careciendo de domicilio legal y sin presentar estados contables.

Según el inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, la orden incluye una "acción judicial de nulidad" en virtud de la Ley 19.550, que implica la disolución y liquidación inmediata de la sociedad "Locura Deportiva S.A.". La resolución también declara la "irregularidad e ineficacia" de los estados contables y las actas de asambleas de la empresa, y ordena notificar a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La actuación de la IGJ comenzó debido a la "repercusión pública de los hechos de público conocimiento" relacionados con la participación de la empresa de Battaglia en la licitación del Gobierno porteño para la concesión de espacios en el Parque Sarmiento. La investigaciónR) reveló que "Locura Deportiva" no tenía un domicilio efectivo, carecía de libros de comercio y libros sociales, y presentaba un "total y permanente incumplimiento de las normas legales de funcionamiento de las sociedades comerciales".

La empresa había sido beneficiada con la concesión por cinco años de más de dos hectáreas en el Parque Sarmiento, incluyendo canchas de fútbol, canchas de paddle, bares, un restaurante y otros espacios. El canon mensual acordado por el Gobierno porteño era de 11 millones de pesos, generando críticas por la privatización de un bien de dominio público.