Tras el fallo que dejó afuera de la competencia electoral al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y tiñó aún más de oscuridad a la Corte Suprema,
la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará en una nueva audiencia para escuchar a ocho testigos, entre ellos la funcionaria cercana a Juan Carlos Maqueda, que firmaba cheques millonarios de la Obra Social.
Originalmente, la reunión originalmente estaba prevista para la semana pasada, pero por cuestiones de agenda de los diputados se resolvió posponerla hasta mañana martes a las 13.
El encuentro estará encabezado por la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos (FdT)
Carolina Gaillard, y fueron citados
Marta Herrera Alem (exdirectora y vicepresidenta de la Ospjn);
María Guadalupe Burgos (funcionaria de la obra social); el contador público
Iván Nicolás Ritvo;
Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Ospjn, y
María Marcela Viano Carlomagno, afiliada a la Ospjn.
Pese al clima político y mediático más interesado en la agenda electoral, la avanzada de la Corte Suprema sobre las elecciones en San Juan y Tucumán y la amenaza que parecen propiciar los cortesanos sobre la candidatura de Gildo Insfrán en Formosa y, a la larga, sobre las reelecciones en general, puso al peronismo en guardia y trabajando de forma planificada.
En la última reunión de la comisión había sido el turno del exdirector de la Ospjn Aldo Tonon, quien fue desplazado meses atrás, y en su declaración evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social al señalar que se "amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse", debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.
Sin embargo, dejó expuesto que recibió presiones de la presidencia de la Corte, o sea de
Horacio Rosatti, y que las decisiones finales del organismo que encabezó dependían de
Carlos Maqueda.
Tras cuatro audiencias testimoniales que fueron registrando las diversas irregularidades que la OSPJ arrastra desde 2003, que por ejemplo Cristina Kirchner viene denunciando en diversos discursos desde hace años, la presidencia de la comisión de Juicio Político está lista para armar el informe preliminar, cerrar la causa y formular los cargos para los magistrados.
Las irregularidades que exponen principalmente a Maqueda son la inexistencia de presupuestos, ausencia de balances contables, licitaciones oscuras y la vulnerabilidad del sistema informático. El mencionado supremo fue el supervisor de la prestación durante más de 10 años, pero la responsabilidad por el control de la OSPJ recaerá, aún con diferente peso, sobre los cuatro jueces de la Corte.
Más allá de la cuestión de la Obra Social judicial, la comisión deberá resolver la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas "con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local".
Según el procedimiento establecido en el reglamento de la comisión, se evaluarán las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido. La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte que suspendió las elecciones a gobernador en las dos provincias. Ahora, los supremos, sin mirar los cuestionamientos, ponen la mira en Formosa, igual que la oposición.
En tanto, luego de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016, precisó Télam.
