La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este jueves trasladar la investigación por el viaje de jueces, funcionarios porteños y ejecutivos del Grupo Clarín a la estancia de Joseph Lewis en Lago Escondido a los tribunales de Retiro y que no siga en la justicia de Bariloche.
La sala I del máximo tribunal penal federal del país dispuso
"declarar competente" al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, según informó Tiempo Argentino. Cabe mencionar que hace un tiempo se conoció una conversación entre el magistrado y el ex ministro de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, quien es investigado en la causa que ahora estará en manos de Ramos.
El expediente que llega a Retiro tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional
Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño
Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal,
Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.
También están imputados Leonardo Bergroth, ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
La investigación se centra en un viaje que realizaron todos juntos en octubre pasado a la estancia de Lewis en Lago Escondido, para lo cual llegaron a Bariloche en vuelos privados. La principal razón para el traslado -según Casación- es que los implicados son “funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían”.
Además, se investiga si “aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen”. Para el camarista, los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, agregó: “Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”.
El vínculo entre juez Ramos y D´Alessandro
El vínculo entre ambos quedo develado por una serie de chats filtrados donde ambos mantienen una conversación por un auto.
Sin embargo, el magistrado se presentó a declarar ante la
Comisión de Juicios Político en Diputados y aseguró que no tenía relación con Silvio Robles y D'Alessandro, dos de los implicados en el escándalo de los chats.
Luego, se conocieron nuevos chats entre Ramos y D'Alessandro donde hablaban de una especie de concesionaria de autos o sobre cómo es que el ministro de Seguridad de la Ciudad le entrega y cede autos a un juez federal.
Ante esta filtración, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, denunció a Ramos por falso testimonio. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello desestimó su resolución en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, quien consideró que no había delito. El cierre formal del caso fue por “falta de impulso fiscal”. Marijuan postuló la desestimación "por considerar que no constituyen delito los hechos contenidos en la denuncia”.
