Se trata del Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires el lugar que la jueza federal María Eugenia Capuchetti brindaría labores. Por eso, ante el rechazo de la última recusación presentada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga el intento de atentado en su contra, los abogados los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal manifestaron dudas sobre la imparcialidad de la jueza.
Capuchetti sostuvo que no estaban dadas las causales para apartarla, según consta en la resolución. Enfatizó la magistrada: "La parte recusante invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados".
La resolución de la jueza fue firmada el jueves pasado de cara a la ampliación de la declaración indagatoria de Nicolas Carrizo.
“La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”, denunció, por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria.