06.12.2022 / Justicia y política
El Gobierno rechazó la proscripción de Cristina y reclamó a la Corte "proteger el proceso democrático"
A través de la Secretaría de DDHH, el Gobierno sostuvo que la sentencia contra CFK busca "cercenar los derechos políticos de la Vicepresidenta y del electorado" y una muestra más "del lawfare en Argentina". Mensaje a la Corte y organismos internacionales.
A través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Gobierno nacional incluyó como parte del lawfare a la condena a 6 años de prisión y proscripción a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, aseguró que "constituye un ataque al proceso democrático" y le pidió a la Corte Suprema que "proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia".
"Esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023", comienza el comunicado del organismo que encabeza Horacio Pietragalla, y señala que el fallo se produjo "luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso"
En la misma línea, la Secretaría de DDHH señaló que el fallo "busca proscribir políticamente de cara a las próximas elecciones" a CFK y que, "para ser legítimos, este proceso judicial y la sentencia debían sustentarse en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad penal y a un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que la ampara".
Asimismo enmuera que "se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocieron garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal".
Según DDHH, habida cuenta de que "la sentencia tendrá un profundo impacto en la sociedad como conjunto", reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, que "proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de justicia".
"Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país, y la amenaza en contra del proceso electoral es concreta y peligrosa", advierten.
En contraste con la "persecución a la principal referente política de este país", la dependencia que conduce Pietragalla enfatizó que "se mantiene en la impunidad a exfuncionarios que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población", en referencia a la gestión de Mauricio Macri.
También recuerdan "los escasos avances de la causa por el atentado contra la Vicepresidenta" y "la reticencia para investigar las conexiones políticas", hechos que "evidencian la falta de legitimidad del Poder Judicial".
"Al respecto, las pruebas sobre una reunión secreta entre jueces, el poder político y del poder económico en Lago Escondido son parte del mismo problema, como otra muestra de las relaciones espurias entre estos sectores", criticaron.
Finalmente, el Gobierno remarca que "una sentencia ilegítima en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández implica exponer la responsabilidad del Estado Argentino ante los organismos internacionales, quienes deberán realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares".
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