
Tras la primera presentación judicial acerca del escandaloso video de la reunión en que ministros de la última gestión bonaerense, legisladores de
Juntos por el Cambio, intendentes y empresarios organizan el armado de causas judiciales contra gremialistas y hasta hablan de una
"Gestapo" antisindical,
ahora se sumó una segunda denuncia penal que apunta directamente sobre María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas y Julio Garro.
La nueva imputación fue realizada por el abogado
Martín Miguel De Vargas y se suma a la que ayer hizo la interventora de la AFI
Cristina Caamaño, quien aportó el video de la “Gestapo” a la justicia a fin de que se investigue el alcance de los hechos y definiciones vertidas en la reunión que se habría llevado a cabo en junio de 2017 en el Banco Provincia de La Plata. En la denuncia se acusa a los imputados de
asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras penales.
Allí los funcionarios macristas garantizaban y aseguraban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "nación y provincia", de hecho se reitera el aval de la "Procuración" bonaerense que conduce
Julio Conte Grand, para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.
En la nueva denuncia, el abogado remarcó que en los videos de público conocimiento se pueden observar la presencia de al menos 14 personas “que en aparente connivencia con jueces y fiscales cometían diversos delitos”.
“En primer lugar cabe la imputación de María Eugenia Vidal por ser la persona que imparte las directivas políticas a su ministro quien no podría desconocer estas reuniones de Marcelo Villegas, Julio Garro y los empresarios identificados en los videos, constituyendo de tal modo una asociación para cometer delitos u asociación ilícita en los términos del art 210 del Código Penal”, advirtió De Vargas.
Para el texto de la denuncia, el video aportado por la AFI a la justicia expone "la existencia de los elementos básicos que abastecen el tipo penal endilgado (asociación ilícita): Acuerdo entre varios sujetos para el logro de un fin, existencia de una estructura para la toma de decisiones aceptada por los miembros, la actuación coordinada entre ellos, con un aporte personal de cada miembro y la permanencia en el tiempo”.
“Se trata de funcionarios públicos que, reunidos con empresarios, reconocen expresamente vendrían teniendo reuniones con jueces, fiscales y el procurador general y que su finalidad es armar causas en connivencia con funcionarios judiciales para sacar del medio a sindicalistas”, enfatizó el denunciante.