30.08.2021 / Judiciales
Bruglia, Bertuzzi y Llorens le ordenaron a la jueza Capuchetti reabrir la causa "vacunatorio VIP"
Los tres jueces, dos de los cuales fueron trasladados a dedo por Mauricio Macri, hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que parte de la investigación no quedara archivada. Para que su intervención política sea plena validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas.
La Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa "Vacunatorio VIP" que había sido desestimada en un primer momento por inexistencia de tipo de delito pero ahora, una vez más, por una maniobra de los camaristas ligados a la Mesa Judicial de Mauricio Macri y a una jueza dependiente de ese mismo esquema, se continuará con las investigaciones.
Según la resolución de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Llorens, se estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Por eso le ordenaron a María Eugenia Capuchetti que siga con el curso judicial.
“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.
Los camaristas le exigen a Capuchetti que ahonde su investigación en los que "permitieron que allegados y funcionarios del Gobierno se vacunaran sin respetar el turno tal como hizo el resto de los ciudadanos". Hace unas semanas, la jueza había entendido que no estaba claro el delito a investigar.
Detrás de toda esta movida de la Cámara Federal hay una alta exfuncionaria del Gobierno de Mauricio Macri que se paseó por dos organismos claves para el lawfare despleado contra opositores: Jimena De la Torre, quien fuera funcionaria de la AFIP y de la UIF macrista que condujeron Alberto Abad, Leandro Cuccioli y Mariano Federici.
Así la causa tendrá ahora el impulso de un acusador privado, más allá de las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público. No es un dato menor si se tiene en cuenta que inicialmente el fiscal Eduardo Taiano no había apelado la resolución y la intervención del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había sido cuestionada por las defensas.
El 8 de julio pasado, Capuchetti decidió archivar parcial del caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios.
La resolución de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio sí apeló la decisión el fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la PIA, la unidad de la Procuración General de la Nación especializada en casos de corrupción. La apelación de Rodríguez recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal quien también había solicitado que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.
Días antes del archivo que dictó Capuchetti y hoy revocó la Cámara, Rodríguez había presentado un dictamen con un listado de 385 vacunados que no figuraban como personal de salud y que habían sido inoculados en el Posadas sobre los cuales se debía profundizar la investigación.
Ante un esquema familiar desplegado en otras causas que involucran a opositores, los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens admitieron la apelación de Rodríguez que fue cuestionado por las defensas y le encomendó a la jueza Capuchetti "el desarrollo de las medidas pertinentes para develar cada uno de esos interrogantes a fin de precisar la adecuada gravitación de los hechos".
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