La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y distintos gremios universitarios convocaron a una
Marcha de las Velas para reclamar que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Bajo la consigna “No permitamos que se apague la Universidad”, la movilización partirá este miércoles a las 18 desde Plaza Houssay y llegará hasta Tribunales, donde realizarán una clase pública de Derecho Constitucional.
La protesta busca exigir la actualización de los salarios docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles, contemplados en la normativa que el Ejecutivo todavía se resiste a aplicar. “La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que se apague nuestra universidad”, señalaron desde la organización.
La ley fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, que rechazaron el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento y la asignación de las partidas presupuestarias.
La Justicia declaró inconstitucional ese condicionamiento y ordenó cumplir con la actualización salarial, aunque el Gobierno presentó recursos para frenar la medida.
A fines de octubre, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso al Ministerio de Capital Humano para revisar la cautelar que obliga al Estado a implementar la ley. Sin embargo, el Gobierno cuestionó que el fallo de primera instancia no precisara las obligaciones pendientes ni los montos correspondientes. También sostuvo que los aumentos otorgados al personal universitario ya cubrían la actualización prevista.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa de $100.000 diarios que le impuso el juez Martín Cormick por el incumplimiento de la cautelar y pidió suspender su ejecución.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó que se eleve la sanción al considerar que el monto resulta insuficiente para obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones.